Dieciocho organizaciones sociales emitieron un comunicado para pedir al Gobierno que respete el acuerdo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Consideran que la decisión de revocar la visa a 11 trabajadores de la comisión y solicitarles que abandonen el país es una acción ilegal y amenazante para la ciudadanía.
También piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) que promueva la ejecución del amparo que otorgó en septiembre, el cual “limita las acciones ilegales del Gobierno”.
Entre los participantes está Helmer Velásquez, representante de la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (Congecop), quien considera que es un momento clave para que los estudiantes universitarios tomen una postura firme contra las acciones del Gobierno.
El sociólogo Gustavo Berganza ve como preocupante la situación del país, pues el Gobierno podría tomar medidas de hecho.
Otro grupo organizaciones colocó carteles en la Corte de Constitucionalidad para exigir que conozcan acciones planteadas por la posible expulsión de los trabajadores de la comisión.
También pidió que se certifique lo conducente en contra de la ministra de relaciones exteriores Sandra Jovel.
Según el vocero del Máximo Tribunal, los magistrados sostendrán una reunión este jueves, aunque hasta ahora no están en la agenda las acciones por el tema de la Cicig.
El jefe de la Cicig dio una entrevista a la cadena televisiva CNN, en la que detalló que existe una amenaza a la preservación del Estado de Derecho y que es indispensable de la Corte de Constitucionalidad actúe.
No descartó que sea posible que se esté desmantelando poco a poco a la Cicig.
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