Este 5 de octubre se cumplen veintidós años de la masacre perpetrada en la comunidad de retornados Aurora 8 de octubre, finca Xamán, municipio de Chisec, departamento Alta Verapaz por miembros de una patrulla militar en 1995.
Titular de Prensa Libre del 6/10/1995. (Foto: Hemeroteca PL)
La finca Xamán se ubica cerca del centro petrolero de Rubelsanto, ahí habitaban mil 400 personas desplazadas por el conflicto armado interno quienes habían retornado desde México el 12 de octubre de 1994 como parte de las negociaciones con la Comisión Especial de Atención a los Repatriados, Refugiados y Retornados, CEAR.
Según las informaciones recabadas en el lugar, unos 300 vecinos se encontraban en una asamblea en la que se planificaban las celebraciones del primer aniversario de esa comunidad. Sin embargo en un principio existieron dos versiones que en lo único que coincideron eran en que fallecieron 11 campesinos y 18 heridos.
A sangre fría
Alfonso Hernández Maldondado, habitante de la comunidad Aurora que presenció el hecho indicó: “Hasta este lugar llegó una patrulla integrada por veintisiete soldados. A su cargo venía un oficial que se identificó como Antonio Lacán Chaclán. Sin embargo, creemos que falsificó su nombre. Le preguntamos cuál era el motivo de su incursión y dijeron que venían a dialogar con las autoridades, mientras se iban introduciendo en toda el área”.
El testigo explicó que los soldados llegaron al centro de la población, mientras todos los vecinos ya se habían reunido en el mismo. Ahí, los militares manifestaron interés en presenciar los festejos por el primer aniversario de la comunidad y pidieron permiso para ello; sin embargo, los pobladores se opusieron porque habían irrumpido ilegalmente en la misma. Al negárseles el oficial se acercó a su tropa e inmediatamente luego los soldados empezaron a disparar brutalmente contra los campesinos, entre los que se encontraban dos niños quienes también murieron junto a 9 habitantes de la comunidad.
Versión militar
De acuerdo con la versión de la patrulla militar indicaron que ellos se encontraban de paso por la comunidad cuando un grupo de mujeres les invitó a pasar a la asamblea, a lo cual accedieron, pese a que tenían prohibición para acercarse a las comunidades de refugiados, ya que podía malinterpretarse como hostigamiento.
Al llegar al centro del poblado, los militares se vieron rodeados por los asistentes a la asamblea quienes los insultaban y les quitaron 3 fusiles, con los que empezaron a atacar, ante la situación la patrulla se vió obligada a defenderse.
Heridos
El ataque dejó también 18 heridos quienes fueron trasladados vía aérea en los helicópteros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, al Hospital General San Juan de Dios en la ciudad capital. El testimonio de trece civiles heridos concuerda con la versión del testigo Hernández Maldondado, mientras que dos soldados que resultaron heridos en el hecho mantenían la postura de que fueron atacados por los refugiados con sus mismas armas.
Repudio y condena
Una de las primeras personas en pronunciarse sobre la masacre fue la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien declaró desde la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, indicando que condenaba la masacre realizada por miembros del Ejército según información que le habían proporcionado miembros de la Fundación que lleva su nombre, de la comunidad de Chisec.
Por su parte el presidente Ramiro de León Carpio dijo sentirse profundamente contrariado por el inicidente, al tiempo que advertía una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y castigar a los culpables. El ministro de la Defensa, Mario René Enríquez Morales defendió la postura de la patrulla militar y se mostraba reacio a renunciar a su cargo, cuatro días después de la masacre dimitió.
La masacre vino a tensar aún más las negociaciones del gobierno con la insurgencia. A pesar de eso la URNG a través del comandante Pablo Monsanto indicó que continuaría con las negociaciones. “Este nuevo acto de barbarie que enluta a la comunidad retornada que hace 15 años tuvo que abandonar sus tierras por primera vez, cuando el Ejército ejecutó su política de tierra arrasada entre campesinos indefensos” expresó en un comunicado.
Presidente visita Xamán
Al día siguiente de la masacre el presidente de la República, Ramiro de León Carpio, acompañado de integrantes de una comisión de alto nivel nombrada para investigar el caso, visitó la comunidad en la finca Xamán y escuchó las versiones de los afectados. Poco después del mediodía, se trasladó al destacamento militar ubicado en Rubelsanto, Alta Verapaz, donde permanecía concentrada la patrulla militar responsable de los sucesos. Allí, el oficial que comandaba la patrulla acusada fue interrogado durante dos horas por los miembros de la Comisión.
Mientras tanto esparcidos en polvorientos caminos, en un radio aproximado de 400 metros, rodeados de velas y acompañados por familiares y amigos, amanecieron los cadáveres de las 10 personas muertas por los militares. La onceava víctima murió en el Hospital Nacional de Salamá un día antes. Los periodistas que se encontraban en el lugar fueron testigos del llanto de los deudos de las 10 personas fallecidas, que contrastaban con la serenidad de la mayoría de pobladores de la comunidad. Nadie quería hablar del tema. Cuando se les preguntaba que había sucedido, coincidían en responsabilizar a los soldados de la patrulla comandada por el subteniente Antonio Lacán Chaclán.
Proceso
Luego de un largo proceso de investigación por la comisión de alto nivel y las instancias militares, en noviembre de 1998 se iniciaron las audiencias en contra de veinticinco militares por el caso Xamán en el Tribunal de Sentencia de Cobán. Dicho juicio fue también largo y no exento de polémica. En el juicio intervinieron setenta y un testigos y treinta y dos peritos en 109 audiencias.
El 13 de agosto de 1999 el Tribunal presidido por el juez Héctor Gálvez Velásquez declaró culpables por homicidio culposo a los 25 militares que ultimaron a los 11 campesinos de la comunidad Aurora ocho de octubre en Xamán, Chisec, Alta Verapaz en 1995 y sentenció a 12 de ellos a 5 años de prisión, al resto se le aplicó la condena de 4 años, en ambos casos conmutables por el pago de Q5 diarios. El fallo fue rechazado de inmediato por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas quienes apelaron la sentencia.
En diciembre de 1999 la Sala Catorce de Apelaciones de Cobán dictaminó que únicamente 10 militares cumplieran una sentencia de 12 años de prisión, nueve por homicidio simple y tres, por lesiones graves, descartando el delito de ejecución extrajudicial a pesar de las pruebas forenses presentadas por el Ministerio Público. Nuevamente se recusó la decisión, esta vez a nivel de la Corte de Constitucionalidad, la cual resolvió en junio de 2001 que debía de efectuarse un nuevo debate público.
Tras varios recursos presentados por la defensa de la patrulla militar, se inicia un nuevo juicio el 3 de junio de 2003 en el Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz donde fueron implicados 14 soldados, entre ellos el subteniente Camilo Antonio Lacán Chaclán quienes fueron aprehendidos nuevamente.
Finalmente el 21 de octubre de 2005 la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 40 años de prisión contra los 14 militares quienes fueron identificados como: Manuel Morán, Agustín Choc Caal, Elías Coc Pop, Florencio Juc Ixim, Ricardo Chub Cholom, Héctor May García, Marcos Can Quej, Pablo Poou Pop, Carlos Cuc Cacao, Ambrosio Max Cojoc, Ricardo Chub Pop, Eleázar Pox, Francisco Chul y Camilo Antonio Lacán Chaclán. Todos ellos cumplen la sentencia en diferentes centros carcelarios del país. El resto de militares se encuentra prófugo desde 1999, año en que fueron liberados en el segundo proceso.
