Las molestias de los pandilleros de la época tenían en zozobra a la pacífica población, que reclamaba a la Policía su intervención para acabar con los desmanes que tenían intranquilos a los vecinos. En las páginas de Prensa Libre de vez en cuando se publicaba una noticia relacionada con pandillas.
Durante la década de los años setenta, la solicitud de presencia policial en las diferentes colonias era constante; por ejemplo, en abril de 1974 aparece una publicación donde los vecinos de la colonia La Limonada, zona 5, solicitan al ministro de Gobernación mayor vigilancia, ya que grupos de jóvenes intentaban sabotear el sistema eléctrico, o en las colonias 7 y 11 alteraban las conexiones del sistema de abastecimiento de agua, escándalos y peleas nocturnas impedían el descanso.
Tras el terremoto del 4 de febrero de 1976 al temor de la población y la pérdida de bienes inmuebles, se sumó el saqueo, por la situación precaria que obligaba a muchas personas a convertirse en amigos de lo ajeno. Esto quedó en evidencia tras las quejas de vecinos de las zonas 10, 13 y 14, quienes se organizaban en patrullas de vigilancia integradas por ellos mismos para resguardar sus bienes ante la escasez de agentes. El estado de ingobernabilidad era tal que en varias ocasiones los vecinos tomaban la justicia por su propia mano.
Años después, en 1983, en el mercado de La Terminal, ubicado en la zona 4, se denunciaba la proliferación de la delincuencia juvenil, lo cual afectaba a los negocios de los inquilinos, ya que grupos de jóvenes entre 12 y 18 años, acechaban a los compradores para robarles sus bolsas, carteras y otras pertenencias de valor. Ante las denuncias, un grupo de alumnos de la escuela técnica profesional de la Policía Nacional hizo un operativo de cuatro días consecutivos. El resultado fue la captura de 800 personas, entre delincuentes, drogadictos, prostitutas, vagos y pandilleros, de los cuales la mitad fue consignada a los Tribunales.
Sin embargo, a finales de los ochenta, concretamente en 1987, se comienza a conocer a las pandillas juveniles con el nombre de “maras” y se observa con preocupación su proliferación en las colonias marginales de la capital. Ya los expertos se manifestaban sobre el origen de los grupos de antisociales y su manera de actuar. Desde las condiciones de extrema pobreza, falta de acceso a la educación, desempleo, moral y otras razones que enfocaban un problema integral y que apenas comenzaba a evidenciarse con crímenes y asesinatos.
Las ideas y propuestas saltaban a través de columnas de opinión y entrevistas de expertos, hasta las iglesias mayoritarias, la católica y evangélica, veían la falta de cohesión en el hogar y de espiritualidad y moral como el problema base de que los muchachos buscaran la respuesta a sus problemas en las pandillas. Todas las opiniones apuntaban al papel que el Gobierno tiene respecto de esta problemática.
Se organizaban foros para tratar el tema por medio del Plan Nacional de Juventud, que comenzaba a integrar a pandilleros a la sociedad a través de actividades sociales y humanitarias. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes.
En dicha época comenzaban también a manifestarse las formas de expresión de pandilleros a través de las pintas en paredes y sitios públicos. La “Mara 33” operaba en la zona 2, donde dañaba vehículos y autobuses. Para la Semana Santa de 1987 la capital, paradójicamente, se mantuvo en calma, ya que los pandilleros trasladaron sus fechorías a las playas de la costa sur, donde asaltaban y saqueaban los negocios locales causando zozobra entre los turistas. La presencia de la Policía y el Ejército hizo que la tranquilidad retornara a los centros turísticos.
Otra acción de las maras se produce en julio de 1987. Una pandilla denominada “Mara Cobra” y otra sin denominación se enfrentaron a balazos en un sector de la colonia Tierra Nueva, zona 6 de Mixco, lo cual dejó cinco personas heridas, quienes asistían a una fiesta de 15 años. El motivo de la revuelta fue la disputa del territorio.
Legislación sobre menores
Durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo se intentó reformar el Código de Menores, el cual databa de los años setenta. Ni éste ni el Código Procesal Penal establecía cómo actuar en casos de hechos delictivos cometidos por menores de edad. Las iniciativas propuestas contemplaban la forma de procesar a un menor de edad, pero éstas disposiciones se contradecían con lo establecido a la protección de los menores de edad y también a los tratados internacionales suscritos por Guatemala, por lo que resultaba inconstitucional procesar a un menor. Esta iniciativa generó un gran debate jurídico en el país, pero no prosperó, por lo que continuó vigente la legislación. Ésta fue reformada años después pero continúa siendo inefectiva.
Los años noventa fueron decisivos para la actual configuración de las maras. El surgimiento de nuevas pandillas, el incremento en el círculo de pobreza en la capital, la falta de oportunidades, de acceso a los servicios básicos y las deportaciones fortalecieron las estructuras de las pandillas. A raíz de la firma de la paz se esperaba un periodo de tranquilidad pero desgraciadamente no fue así.
Los métodos de reinserción social han fracasado a tal grado que en los mismos centros carcelarios se han cometido crímenes atroces.
El debate sobre acciones de las autoridades para prevenir y contrarrestar este flagelo sigue pendiente.
