La nueva Ley Monetaria rescató los elementos positivos de la reforma anterior, entre 1924 y 1926. Pero la contribución más importante de esta reforma consistió en incorporar a la economía de Guatemala las innovaciones del nuevo orden monetario mundial.
La pieza central de la reforma monetaria y bancaria fue la creación del Banco de Guatemala, en calidad de institución monetaria del Estado, exclusivamente dedicada a cumplir las funciones de un banco central moderno, ajena a las actividades de la banca comercial y, por ello, sin fines lucrativos. Estas funciones básicamente son: la emisión exclusiva de la moneda nacional, la administración de las reservas monetarias internacionales, los servicios de banquero y agente financiero del Estado, la regulación del medio circulante y del mercado de cambios, el mantenimiento de la solvencia y el buen funcionamiento del sistema bancario, y el otorgamiento de préstamos de última instancia a los bancos que operan en el país.
En 1926 había sido creado el Banco Central de Guatemala, que tenía capital mixto, es decir, estatal y privado. La reforma bancaria de 1945 condujo a crear el Banguat, banco del Estado de carácter autónomo. Para el efecto se confiaron las políticas monetaria, cambiaria y crediticia a la Junta Monetaria, integrada con ministros de Estado y representantes del sector privado y de la Universidad de San Carlos. La misma ley dio origen a la Superintendencia de Bancos que se encarga de supervisar el sistema bancario nacional.
Como parte de la estructura de la Superintendencia de Bancos se encuentra la Intendencia de Verificación Especial -IVE- que es una unidad de carácter administrativo y que trabaja contra el delito de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el delito de financiamiento del terrorismo.
Funcionarios señalados
Recientemente se dió a conocer una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG y el Ministerio Público, MP, en la que se involucra al ex presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín Durán, quien renunció al cargo en septiembre del 2014 para participar en el proceso electoral 2015 como vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada, Líder. Barquín es señalado de asociación ilícita y tráfico de influencias, fundamentándose en escuchas telefónicas donde se le asocia con una red de lavado de dinero, aprovechándose de su posición como presidente del Banguat y miembro de la Junta Monetaria al bloquear investigaciones de casos de lavado de dinero en la IVE.
Otro funcionario del Banguat que está involucrado en ilícitos es Julio Roberto Suárez, sucesor de Barquín en la presidencia, quien está siendo procesado por el caso IGSS-Pisa por haber avalado contratos anómalos que causaron muertes de enfermos renales.
