Portada de Prensa Libre del 3 de agosto de 2000 informando sobre el escándalo de alteración a ley de bebidas. (Foto: Hemeroteca PL)
Todo empezó cuando diputados de la oposición protestaron, el 1 de agosto del 2000, por la publicación en el diario oficial del decreto 43-2000, Ley del Impuesto sobre Distribución de Bebidas, que determinaba tasas impositivas diferentes a las que se habían aprobado en el pleno, en la sesión del 27 de junio de ese año.
La normativa era parte de las reformas tributarias que el gobierno de Alfonso Portillo había impulsado por medio del pacto fiscal.
Las tasas aprobadas al principio eran de 20%, 10% y 1%; sin embargo, según la publicación en el diario oficial eran de 10%, 4.18% y 0.20%. El escándalo fue conocido como Guategate.
Diputados del PAN, ANN, unionistas y otros que formaban la oposición afirmaban que en la sesión plenaria nunca se hizo un fondo de revisión, el cual permitía modificar la ley antes de aprobarla. La bancada del FRG, el partido oficial, aseguró lo contrario, que todo se había aprobado conforme a la ley.
Pruebas
Para poder comprobar la denuncia se necesitaban las pruebas pertinentes de la aprobación de la ley. Sin embargo, las cintas de video de la sesión y la transcripción taquigráfica fueron borradas.
La excusa fue que por falta de presupuesto y espacio se reciclaban las cintas y las libretas se tiraban a la basura. La única prueba de lo que sucedió en la sesión de ese día era una transcripción electrónica de las taquígrafas, la cual estaba claramente alterada.
Una cinta grabada por una reportera de Prensa Libre durante la sesión del 27 de junio confirmó la denuncia de los diputados opositores y salió a la luz una semana después del escándalo.
Los diputados de la oposición denunciaron en el Ministerio Público a 22 diputados eferregistas por la alteración de la norma.
Lucha legal
Los diputados del FRG emprendieron una batalla legal mediante amparos para entrampar el proceso en su contra. El 24 de abril de 2001 fueron citados Efraín Ríos Montt y tres diputados eferregistas a los tribunales, para que aclararan su situación jurídica por la alteración a la Ley de Bebidas.
El juez Sergio Castro dictó libertad por falta de mérito para Ríos Montt. La resolución se basó en que la Fiscalía no pidió nada contra el sindicado porque carecía de elementos suficientes para acusarlo. La cinta grabada durante la sesión no fue valorada como prueba. El resto de legisladores también fueron absuelto.
