Al llegar a su residencia, dos jóvenes no identificados se aproximaron al automóvil en que el periodista y acompañante se movilizaban. Se aproximaron al vehículo apuntándoles con metralletas y conminando a Pedro Julio a salir.
Agregaban los informes que García obedeció a la conminatoria y en ese momento se escucharon cinco disparos, cuyos impactos fueron a dar a la puerta de metal de su residencia. Ocurrió, que siendo accionado el portón por sistema eléctrico automático, éste cerró cuando Pedro Julio y los secuestradores se encontraban en el zaguán, por lo que el grupo de plagiadores hizo disparos contra la cerradura, lo que les permitió salir a la calle para luego llevarse al periodista en un automóvil, con rumbo desconocido.
Habiendo quedado libre la señora María Dolores García, de inmediato se comunicó por la vía telefónica con los ejecutivos de Prensa Libre para informarles sobre lo sucedido. Según las mismas versiones, en un principio Pedro Julio y María Dolores García creyeron que se trataba de un asalto con la intención de robarles, pero esa suposición quedó desvirtuada cuando Pedro Julio fue introducido en un automóvil que de inmediato se perdió con rumbo desconocido.
Condiciones
Al día siguiente del secuestro, la familia de Pedro Julio García recibió un mensaje con las siglas del PGT, en el cual indicaba que para ponerlo en libertad debería ser publicado un manifiesto político en diarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y en Washington y Miami, Estados Unidos. Además de pedir un rescate económico. De inmediato se hicieron las gestiones para que García pudiera ser liberado lo antes posible.
Al conocerse la noticia llegaron a la redacción numerosas muestras de solidaridad de diferentes entidades ligadas al periodismo y la sociedad civil, tales como de la Cámara Guatemalteca del Periodismo, Asociación de Periodistas de Guatemala, de la Universidad de San Carlos y numerosos colegas.
El 10 de octubre de 1983 se intentó cumplir con la exigencias de los secuestradores publicando el manifiesto del PGT, sin ningún problema, pero antes del cierre una llamada de la secretaría de relaciones públicas de la jefatura de Estado, prohibió la publicación del documento, la vida de García corría peligro. Sin embargo el 12 de octubre se logró publicar el manifiesto con autorización del gobierno, de igual manera en todos los periódicos de la capital incluidos los periódicos radiales y televisivos se sumaron a la divulgación del documento, demostrando su solidaridad con este matutino.
Tras dos semanas de cautiverio por el PGT, el periodista Pedro Julio García fue liberado sano y salvo el 23 de octubre del mismo año, limitándose a indicar que en todo momento fue tratado bien pero no haría mayores comentarios sobre su secuestro.
Este no fue el primer ataque contra Prensa Libre y sus colaboradores. El 28 de enero de 1970 fue asesinado Isidoro Zarco Alfasa, uno de los fundadores de este matutino, cuyo crimen permanece impune.
Otro atropello lo sufrió el periodista Álvaro Contreras Vélez, plagiado por el mismo grupo el 6 de marzo de 1982. Las condiciones para su liberación fueron las mismas y, a pesar de haberlas cumplido, fue liberado 147 días después.
Constantes ataques
Prensa Libre ha pagado caro el precio de la libertad de expresión y la amenaza a la práctica del periodismo es latente.
En octubre del 2003, cuatro reporteros de este diario fueron retenidos durante tres días por expatrulleros de Autodefensa Civil mientras cubrían las manifestaciones contra el Gobierno.
Uno de los actos más repudiables en los últimos años fue el crimen contra Danilo López, corresponsal de este medio, el 10 de marzo del 2015.
López habría sido asesinado por haber denunciado corrupción en varias alcaldías de Suchitepéquez. El debate judicial contra tres señalados del hecho comenzó el 4 de octubre del 2017.
Atención a periodistas
En el 2011 se constituyó la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas. El Gobierno central adquirió el compromiso en el 2012 ante la Organización de las Naciones Unidas de crear el Programa de Protección a Periodistas, pero ninguno de los gobiernos subsiguientes ha cumplido.
