Presionado por los señalamientos de posible conflicto de interés, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto designó a principios de febrero a un subalterno como nuevo ministro de la Función Pública para investigar estas compras, una medida que le valió fuertes críticas por considerar que no propició una investigación independiente.
“Lo que en este momento necesita el gobierno es recobrar la confianza de manera urgente y pasar leyes de relevancia con implicaciones directas sobre la crisis de desconfianza” que hay en el país, dijo a la AFP Alejandro González Arreola, copresidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, que agrupa a gobiernos y ONG de 60 países.
El jueves, la Cámara de Diputados aprobó reformas a 14 artículos constitucionales -que deben ser avaladas ahora por el Senado- para dar forma a un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En paralelo, el Senado está discutiendo un proyecto de legislación secundaria de transparencia.
La corrupción atraviesa a todos los partidos políticos mexicanos y que coloca al país en el lugar 107 de 177 naciones del Índice de Percepción de la Corrupción, reconoció en rueda de prensa el diputado Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN, conservador) en la Cámara de Diputados.
Impulsor de la normativa, Anaya aseguró que no hay peor corrupción “que la que cuesta vidas” como sucedió en septiembre pasado en Iguala (Guerrero, sur), cuando 43 estudiantes fueron atacados presuntamente por órdenes de un alcalde del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) coludido con policías corruptos y cárteles del narcotráfico.
Señaló, además, que este mal le cuesta al país un 9% de su PIB y que la población de menos ingresos es la más afectada.
– “Qué la piensen dos veces” –
Aprobado en medio de reproches y acusaciones mutuas por una larga lista de casos de corrupción, los diputados mexicanos establecieron que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe dotar de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda investigar los abusos de funcionarios en tiempo real (actualmente lo hace con dos años de retraso) y presentar denuncias penales.
La debilidad actual de este órgano auditor permitió que luego de que 2.500 denuncias por mal uso de recursos fueran promovidas en 2012, resultaran apenas siete funcionarios sancionados.
Se trata de tener instrumentos para que “la piensen dos veces los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, de cualquier partido, en tratar de tomar ventaja en su posición como servidores públicos”, dijo a la AFP Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y académico del privado Instituto Tecnológico de Monterrey.
El proyecto del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción contempla una fiscalía independiente y especializada de combate a la corrupción.
También obligaría a todos los funcionarios a hacer pública y abierta su declaración patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de intereses.
– Objeciones de la Presidencia –
Mientras, en el Senado, la Presidencia hizo hace unas semanas una serie de observaciones que tienen estancado el proyecto de leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional sobre transparencia aprobada en 2013.
Estos señalamientos incluyen objeciones para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial o para dar acceso a información sobre condonaciones fiscales a grandes empresarios, asegura González Arreola, el copresidente de Alianza para el Gobierno Abierto.
La Presidencia también se opuso a que los ciudadanos puedan conocer expedientes de investigaciones en curso de casos en los que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, como la matanza de 72 migrantes en San Fernando (2010) o el caso de los 43 estudiantes de 2014, según González Arreola.
El especialista asegura, además, que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados no necesitarían de la oposición para pasar las leyes. Sin embargo, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado requiere del voto de los partidos opositores para alcanzar la mayoría absoluta.
Pero “dada la actual coyuntura, los ojos internacionales puestos en México, sería muy riesgoso políticamente para el presidente pasar una ley que no tenga el consenso de los actores más importantes”, concluye González Arreola.
