Castigo
En Paraguay, el aborto y su tentativa se encuentran castigados, con una pena base de hasta cinco años, y sólo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay un riesgo de vida para la madre, por lo que las organizaciones pidieron el “cese de la criminalización de niñas y mujeres”.
Reclamaron también que el Estado paraguayo garantice la atención integral para aquellas niñas y mujeres víctimas de abusos sexuales y embarazos por violación, y reclamaron políticas de educación sexual y de información y orientación a niños, niñas y adolescentes para protegerse frente a estos abusos.
También exigieron el cese del internamiento innecesario de niñas embarazadas en instituciones, y pidieron que se respete su derecho a vivir con sus familias y no se las despoje de sus hogares.
Contemplar y aprobar la despenalización del aborto.
Especialmente en los casos de violación, incesto, malformaciones que derivan en inviabilidad fetal.
Además, peligro de la salud física y mental o de la vida de la mujer y por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Demandaron además que el Estado ofrezca a las niñas con embarazos forzados la posibilidad de interrumpir su gestación debido al riesgo de vida que implica para ellas, e instaron a los servicios de salud públicos a que proporcionen apoyo y atención a las mujeres y adolescentes que de manera autónoma decidan continuar con sus embarazos.
Insistieron además en que se establezcan “medidas para prevenir, proteger, castigar, reparar y erradicar” toda forma de violencia contra niñas y mujeres, y especialmente las que atentan contra su autonomía sexual.
Caso
El debate sobre el aborto se reabrió en Paraguay a raíz del caso de la niña conocida con el nombre ficticio de Mainumby, que quedó embarazada a los 10 años como consecuencia de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro.
La menor, que dio a luz el pasado 13 de agosto, fue “obligada a llevar a término su embarazo”, pese al riesgo que implicaba para su salud y su vida, dado que la posibilidad de sufrir complicaciones y muerte es cuatro veces mayor en embarazos a esa edad, subrayaron las organizaciones.
Además, según denunció recientemente Elizabeth Torales, la abogada de la madre de Mainumby, el Estado paraguayo “no ha cumplido con sus obligaciones” para garantizar el derecho de la menor y de la recién nacida a la salud, la vivienda o la educación.
Según las cifras del 2014, un total de 684 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en Paraguay, embarazos que a esa edad son considerados como fruto de violaciones, mientras que unos 20 mil de los alumbramientos fueron de adolescentes de 15 a 19 años.
Además, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública, en el 2009 un total de 8 mil 660 mujeres estuvieron hospitalizadas por un aborto.
Por otra parte, más de 400 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en el primer semestre del 2015, según cifras oficiales.
