Ortega, quien goza de inmunidad, fue acusado en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional. Según la denuncia, los agentes no hicieron nada por impedir el ataque en el que la periodista Verónica Chávez, copropietaria del canal 100 % Noticias, y quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resultó agredida.
“Hemos documentado y analizado cada una de las pruebas que se adjuntan en esta acusación, demuestran la gravedad de la lesión recibida, pero, además, la omisión de ejercer sus funciones por parte de la Policía, de perseguir el delito, la forma sarcástica de ver a la agresión y no actuar”, dijo la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Georgina Ruiz, tras introducir la acusación.
Sobre la inmunidad del presidente, Ruiz indicó que la acusación incluye una petición de desaforación, un proceso que, reconoció, tiene pocas posibilidades de progresar en un país donde los poderes Judicial y Legislativo están dominados por los sandinistas.
Junto con Ortega fue acusado su consuegro, el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien tiene sanciones internacionales de diversos países, que lo señalan de “serias violaciones contra los derechos humanos”, en el marco del conflicto interno que vive Nicaragua desde el estallido antigubernamental de abril de 2018.
La Policía nicaragüense ya había dado su versión, en la que no hizo referencia al ataque, sino que se centró en indicar que Chávez fue dada de alta inmediatamente de un hospital estatal porque su herida fue leve. No obstante, la epicrisis del centro médico privado donde fue operada indica que la periodista sufrió una fractura en el cráneo y hemorragia interna.
“La Policía es mentirosa, es el mismo criminal el que dice que no pasó nada (…) los neurocirujanos dijeron que había que operarla, porque había una fisura y una hemorragia interna (…), si esa hemorragia no se hubiera parado, mi esposa hubiera fallecido, producto de esa acción criminal”, dijo el también periodista y copropietario de la televisora, Miguel Mora.
“La mayoría de nicaragüenses puede decir que aquí es inútil interponer este tipo de acusación, incluso con una fiscal sancionada (Ana Julia Guido) por delitos de lesa humanidad, pero cada vez que un ciudadano no ejerza su derecho a la denuncia, a la defensa, de los abusos e intentos de asesinato y crimen de parte de instituciones del Estado y funcionarios públicos, nos volvemos cómplices”, reclamó Mora, miembro de la opositora Coalición Nacional.
El Cenidh, al igual que Mora, afirmó que, de no encontrar justicia en Nicaragua, recurrirán a tribunales internacionales, para que quede “grabado como un proceso vivo, y en algún momento llegará la justicia terrena y divina”.
El ataque contra la periodista ocurrió en el marco de la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, cifra que organismos locales elevan a 684, mientras Ortega reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
