Durante la protesta se produjeron violentos enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía cerca del palacio presidencial y la sede de la policía.
Pese a la gran presencia policial y el despliegue de vehículos blindados de la ONU, dos edificios cercanos resultaron devastados por el fuego.
“No podemos ser pacíficos. Mira: el poder nos mata cada vez que nos manifestamos, y no tenemos suficiente dinero para comer todos los días, así que todos morimos lentamente. Este presidente no tiene moral para gobernarnos”, dijo Bernard Camillien, un manifestante de 56 años, mientras observaba a un grupo de jóvenes saquear un pequeño negocio.
Mientras los manifestantes arrojaban piedras a la policía y ésta lanzaba gases lacrimógenos, se escuchaban disparos en el centro de la ciudad.
Antes de los incidentes, varios miles de personas marcharon por uno de los ejes principales de la capital, convocados por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Despilfarro y corrupción
La semana pasada, el Tribunal de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela, que sacó a luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción.
Los magistrados descubrieron, por ejemplo, que en 2014 para el mismo proyecto de reparación de carreteras, el Estado firmó dos contratos con dos compañías de diferente nombre, Agritrans y Betex, pero que comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico.
Antes de su llegada al poder, en 2017, Jovenel Moïse estuvo al frente de Agritrans, una empresa dedicada a la producción de bananas pero que recibió más de 33 millones de gourdes (más de 700.000 de dólares al cambio de entonces) para este proyecto vial.
Percibido como una fuente de despilfarro y corrupción, Petrocaribe ya ha dado lugar, en 2016 y 2017, a dos investigaciones del Senado.
“Exigimos que todos los dilapidadores de fondos sean juzgados y castigados, sus bienes confiscados y entregados al Estado para proyectos de desarrollo serio, que el presidente renuncie y se ponga a disposición de la justicia”, dijo en la marcha la activista Vélina Charlier.
Desde el verano de 2018, el movimiento ciudadano “Petrocaribe Challenge” ha multiplicado las manifestaciones en todo el país, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Cuentas a poner en marcha operaciones de contralor para determinar cómo cuatro administraciones sucesivas gastaron los más de 1.600 millones de dólares recibidos para este programa.
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“Eliminar los excesos”
“Una auditoría general de la administración pública es más que necesaria para eliminar los excesos”, considera Vélina Charlier, de 38 años, que participa desde los inicios en las manifestaciones de Petrocaribe Challenge, una iniciativa que cuenta con el apoyo de las jerarquías católicas.
Los obispos declararon el sábado que quieren ver “en todos los niveles de poder y en los cargos públicos a mujeres y hombres nuevos por su mentalidad, su conciencia profesional y su competencia”.
En febrero, Haití se vio conmovida por una semana de violentas manifestaciones contra el gobierno en las que murieron al menos siete personas.
Como consecuencia de esas protestas, a mitad de marzo el gobierno renunció, pero el proceso político para designar un nuevo gabinete permanece desde entonces bloqueado por el parlamento.
Sin ministros en funciones, sin presupuesto para el año fiscal que comenzó en octubre, Haití se ve amenazada por el estallido de una nueva y grave crisis institucional, ya que las elecciones legislativas previstas para el otoño boreal próximo podrían no realizarse.
Esta fragilidad institucional agrava la crisis económica y social, con una inflación que supera el 17%, una moneda que no para de devaluarse, y niveles de pobreza que se acrecientan en el que ya es el país más empobrecido del continente americano.
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