Durante la operación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 78 mil millones de colones, equivalentes a unos US$125 millones.
“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (…) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.
En el transcurso de la mañana, según información oficial del OIJ, se han detenido 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de las constructoras más importantes del país.
La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros, a múltiples oficinas de empresas privadas, además de a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.
“Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento desarrollo y construcción de carreteras”, apuntó Espinoza.
“Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares”, añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, entre otros.
Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos y tráfico de influencias.
Al respecto, Casa Presidencial envió un comunicado señalando que está cooperando con todas las diligencias judiciales, ya que reiteran que “la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas”.
Esta es la segunda ocasión en que la Casa Presidencial es allanada. En febrero de 2020, las autoridades ingresaron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
