Almagro se refirió a este tema tras ser preguntado por si le preocupan las medidas migratorias de Trump al término de una rueda de prensa sobre Venezuela en la OEA.
“Para nosotros lo fundamental es asegurar los temas de derechos. La política migratoria de Estados Unidos ya empezó antes. Si vemos la cifra de la Administración Obama, fue 2.5 millones de deportados, la más alta de ningún presidente en la historia de Estados Unidos. (Esa cifra) se parece mucho a la cifra de tres millones que parece ser la planificación del presidente Trump”, dijo Almagro.
“Por otra parte, el muro lleva 650 kilómetros construidos, no empezó en esta Administración, tiene un par de administraciones encima. Esos son datos de la realidad que tienen que dar un contexto a todo esto. Lo fundamental es asegurar los derechos”, agregó.
Sobre el bloqueo judicial al veto migratorio de Trump, Almagro se limitó a constatar que las instituciones funcionan en el país.
“Lo que vemos es las instituciones funcionando, la independencia del poder judicial. Las decisiones de las instituciones que van dando respuesta a los principales temas, entonces vemos que el camino es dejar trabajar a las instituciones y que las instituciones van resolviendo esas dudas que puede tener la población” , consideró.
Estas son las primeras declaraciones públicas del titular de la OEA sobre las controvertidas medidas migratorias de Trump, sobre todo su veto temporal -ahora bloqueado en los tribunales- a la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
El Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los 34 miembros activos (todos los americanos salvo Cuba), no se ha reunido desde la investidura de Trump, por lo que no ha habido discusión pública sobre sus medidas en el único organismo regional que reúne a todos los países.
La CIDH, el órgano de derechos humanos de la OEA, emitió un comunicado el pasado 1 de febrero en el que insta al Gobierno de Estados Unidos a “dejar sin efectos” las órdenes ejecutivas sobre inmigración y refugio de Trump por considerarlas discriminatorias.
“Las medidas previstas en estas órdenes ejecutivas conllevan un alto grado de discriminación de las comunidades migrantes y grupos minoritarios, en particular las personas latinas y musulmanas o quienes sean percibidas como tales” , considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
