Los cuatro fueron atacados con armas cortantes y de fuego cuando se econtraban de paseo en un río en las proximidades de Olocuilta, 17 km al este de San Salvador, una zona donde operan las violentas pandillas.
Militares y policías son blanco predilecto de las pandillas salvadoreñas, en particular cuando se encuentran de licencia.
En lo que va del año, las pandillas han asesinado a cuatro militares y a una decena de policías que participan en planes represivos para contener sus delitos.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, adelantó el lunes que el Gobierno estudia “medidas extraordinarias” para contener la oleada de violencia homicida atribuida principalmente a las pandillas.
En el 2015 El Salvador registró seis mil 657 homicidios, que lo convirtieron en una de las naciones sin guerra más violentas del mundo.
En lo que va de este año, según estadísticas oficiales, el país acumula mil 536 homicidios, por lo que el promedio de muertes violentas por día es de 23.
En el 2015 El Salvador registró seis mil 657 homicidios, que lo convirtieron en una de las naciones sin guerra más violentas del mundo, con un promedio de 104 homicidios por cada cien mil habitantes.
Seguridad en la calle
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, evalúa sacar a todo el Ejército y llamar a los reservistas como una medida “extrema” para controlar la escalada de violencia que ha duplicado la cifra de asesinatos respecto al 2015, informó el miércoles el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.
“El presidente está valorando de qué manera y con qué recursos se pueda, si se necesita, desplegar a todo el Ejército” y “eventualmente el Gobierno podría decidir llamar a la reserva nacional”, dijo Chicas en una entrevista en el canal estatal.
No obstante, señaló que Estas medidas implican un costo que debe sufragarse con los US$900 millones en bonos, cuya emisión tiene congelada la Sala de lo Constitucional desde junio del 2015 por posibles “vicios de forma y contenido” en su proceso de aprobación en el Parlamento.
El pasado lunes, Sánchez Cerén convocó a los presidentes del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar “medidas extraordinarias” de seguridad, como el estado de Sitio.
El hecho que propició la convocatoria fue la masacre de 11 trabajadores perpetrada por la pandilla Mara Salvatrucha el 3 de marzo en una zona rural de la localidad de San Juan Opico, y que fue ordenada desde dos cárceles.
La presidenta del Congreso, Lorena Peña, señaló recientemente “la implementación de estados de sitio está justificada”, pero advirtió que esta medida también conlleva la suspensión de garantías constitucionales como el de libre reunión y movilización.
La Constitución salvadoreña establece que “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías” y que “tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República”.
El artículo 29 señala que la implementación del estado de sitio “se hará por medio de decreto del órgano Legislativo o del órgano Ejecutivo”, mientras que el número 30 apunta que este no puede exceder los 30 días.
Las autoridades de Seguridad acusan a las “violentas” pandillas de generar la escalada de violencia que vive El Salvador en el 2016, que se ha cobrado la vida de mil 537 personas hasta el 6 de marzo, un 113.5% más que en el 2015, cuando se contabilizaron 720 muertes violentas en este lapso.
Libertad de Prensa
El Gobierno salvadoreño no restringiría la libertad de Prensa y expresión en caso de que se instaure un estado de Sitio para contrarrestar el recrudecimiento de la violencia en el país, aseguró el portavoz gubernamental, Eugenio Chicas.
“Nuestro Gobierno de ninguna manera está pensando en un régimen que afecte las libertades democráticas, especialmente la libertad de expresión”, dijo Chicas.
Enfatizó que tampoco “está en el radar de discusión” que esta medida restrinja a los medios de comunicación, a pesar de que la Constitución de este país lo autoriza.
“Los alcances de una medida de esa naturaleza son los que están en discusión (entre los tres poderes del Estado) para ver si esa herramienta puede ser útil para superar la grave crisis (de violencia) que tenemos en este momento”, explicó el funcionario.
