Detrás del secuestro y asesinato de los ecuatorianos está según las autoridades de ambos países Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, oriundo de Ecuador y que pasó de ser un pequeño comerciante a convertirse en el sanguinario líder de la disidencia de las FARC, al considerar que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha incumplido sus promesas del acuerdo de paz de 2016.
Moreno había dado anoche un ultimátum a los captores para que presentaran una prueba de vida sobre los rehenes, después de que salieran a la luz unas fotografías en las que aparecían muertos pero que no habían podido ser confirmadas por ninguna fuente oficial.
En caso contrario, tal y como ha sido, advirtió que las fuerzas policiales y militares emprenderían “acciones contundentes”, que no especificó, y tras expirar el plazo hoy ordenó a los cuerpos de seguridad reanudar sus actividades en las áreas donde operan los grupos armados residuales, principalmente en la divisoria.
Tras días de desasosiego y vigilias, la noticia del asesinato de los comunicadores cayó como un jarro de agua fría en la sociedad que seguía minuto a minuto el caso, y especialmente entre los numerosos medios que esperaban las palabras del presidente.
“Más allá de los esfuerzos que hemos realizado, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos y es muy probable, que lo único que hayan querido es ganar tiempo”, dijo.
El coronel Polivio Vinueza, jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), reveló que desde que se conocieron los hechos el mismo 26 de marzo a través de una foto remitida por el “Guacho”, hasta el pasado 7 de abril, el Gobierno ecuatoriano mantuvo cinco comunicaciones con los captores.
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También que las autoridades valoraron junto con la Fiscalía y la Judicatura vías para poder atender al requerimiento de liberar a presos del grupo armado a cambio de los secuestrados, exigencia pedida por el reportero en un vídeo difundido por sus verdugos.
Moreno anunció hoy una recompensa de US$100 mil a quien aporte pistas que ayuden a dar con el paradero del “Guacho”, y anunció una serie de medidas, entre ellas la de declarar el área fronteriza zona de seguridad, incrementaran los controles militares y policiales, y realizar “acciones coordinadas” con Colombia en la zona de demarcación.
El dirigente ecuatoriano precisó que se ha contactado a organismos internacionales como la Iglesia católica y la Cruz Roja Internacional a fin de “localizar y repatriar los cuerpos”.
“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, sentenció.
Las muestras de condena y solidaridad han llegado desde todos los sectores de la sociedad y rincones del planeta, entre ellos el director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, expresó su “enfático repudio” al asesinato.
“No habíamos tenido jamás en Ecuador un hecho así”, manifestó César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
Desde la década de los 80 el país andino no registraba secuestros de periodistas, que solían ser retenidos por el grupo terrorista de izquierdas “Alfaro Vive Carajo” durante un tiempo reducido, que aprovechaban para hacer sus reclamaciones y luego liberarlos.
Juan Carlos Játiva, periodista de EcuadorTV, reconoce que la noticia ha supuesto un mazazo para la profesión, pero confía en que sirva para sacar lecciones: “El amor por el periodismo nos lleva más allá del límite. Estaremos donde las papas queman, informando con la verdad”.
SIP repudia “cobarde asesinato”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el “cobarde asesinato” de los tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, crimen que consideró un ultraje a la prensa de todo el continente americano.
“No solo estos tres colegas sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región”, expresó la SIP en una declaración emitida en Medellín, donde hoy comenzó su reunión de medio año.
En el comunicado, que fue leído por el presidente de la SIP y del diario peruano La República, Gustavo Mohme, la organización consideró al periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, como “mártires del periodismo”.
Por ello, la SIP solicitó a las autoridades “que no hagan ninguna concesión al terrorismo y que frente a él todos los países e instituciones se tomen con la máxima seguridad y energía con respeto a los derechos humanos”.
Asimismo, reclamó que capturen a los asesinos de los tres miembros del equipo periodístico para “someterlos a la Justicia”.
“Exigimos a los mandatarios reunidos en la VIII Cumbre de las Américas en Perú que el asesinato de estos nuevos mártires del periodismo no quede impune”, agregó la SIP.
También exigió que cesen “todos los actos de violencia que los periodistas sufren en el ejercicio de su labor”.
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