“Yo he sido bastante claro, no hay ninguna negociación de ningún tipo con ninguna estructura criminal, la Policía Nacional Civil además es la menos llamada, ni interesada en ningún proceso de este tipo, llámese como se llame.
Nuestra función es prevenir y combatir el delito, eso es lo que hacemos y eso es lo vamos a seguir haciendo” , dijo en conferencia de prensa el director general de la Policía, comisionado Howard Cotto.
El domingo, tres de las violentas pandillas que operan en El Salvador anunciaron por medio de un video que han ordenado el cese de los homicidios y piden al gobierno detener la aplicación de medidas excepcionales para combatirlas.
“Hemos girado línea a nuestra gente para que cesen todo tipo de homicidio a nivel nacional” , consignó un pandillero encapuchado que habló en nombre de la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18, en un video difundido por la televisión local y los diarios digitales.
La medida, según la grabación, busca “demostrarle al pueblo en general y al gobierno que no hay necesidad de poner medidas (excepcionales) que sólo vienen a violentar la constitución de la república” .
“Nosotros no tenemos nada qué hablar con miembros de estructuras criminales, nuestro trabajo es investigar y llevar ante la justicia a aquellos que cometen delitos” , además de “coadyuvar a la prevención” , subrayó Cotto.
En su pronunciamiento, las pandillas advirtieron que son un fenómeno social que no se podrá erradicar.
“Hacemos conciencia al gobierno en general que no podrán terminar con las pandillas, ya que somos parte de la comunidad de nuestro país (…)” , aseguran las agrupaciones delictivas.
Las pandillas son estructuras del crimen organizado que “han matado, robado, hurtado, que han extorsionado a la población (…) y no tenemos por qué hablar ni negociar nada con ellos” , aseguró Cotto.
Esa es la posición que ha mantenido el presidente Salvador Sánchez Cerén desde que asumió el poder en junio de 2014.
El gobierno analiza medidas extraordinarias para enfrentar a las pandillas luego de que once trabajadores, ocho de ellos de una empresa de electricidad y tres jornaleros, fueron asesinados por pandilleros en la zona rural de la ciudad de San Juan Opico, 31 km al oeste de San Salvador, el pasado 3 de marzo.
Entre las medidas, que deberán ser aprobadas por el Congreso, se incluye una mayor movilización del ejército, restricciones en los centros penales y un plan para ejercer un mayor control en las zonas influenciadas por las pandillas.
El Salvador acumula un promedio de 22 asesinatos por día, atribuidos en su mayoría a las pandillas que cuentan con unos 70 mil miembros, de los cuales 13 mil están encarcelados.
