Y esa es, en nuez, la esencia de la jurisdicción universal que Garzón lleva décadas impulsando y a la que dedica su último libro: que los crímenes de lesa humanidad -como genocidio, tortura o desapariciones- puedan ser juzgados en otros países si la jurisdicción nacional no quiere (o no puede) hacerlo.
BBC NEWS MUNDO
Baltasar Garzón: América Latina es ejemplo de lo peor pero también de lo mejor en derechos humanos e impunidad
El nombre de Baltasar Garzón -que deja indiferentes a pocos en España y América Latina- se dio a conocer a nivel internacional en octubre 1998, cuando pidió desde España la detención de Augusto Pinochet en Londres... por crímenes cometidos en Chile.
El de Pinochet fue el primer caso en el que un exjefe de Estado era detenido bajo el principio de la jurisdicción internacional.
El ex hombre fuerte de Chile estuvo año y medio bajo arresto en Londres hasta que el entonces canciller británico, Jack Straw, decidió no autorizar la extradición por motivos de salud del entonces senador vitalicio chileno.
Sin embargo, eso desató un “efecto dominó” -como el mismo Garzón lo denomina- que hizo que Pinochet fuera poco después acusado de diferentes crímenes en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.
No ha sido el único caso.
Un efecto similar se le atribuyen a querellas presentadas ante Garzón en España por casos de abusos durante los regímenes militares en Argentina y Guatemala: eso abrió las compuertas para que violadores de derechos humanos fueran juzgados finalmente en sus propios países.
Pero además de a la notoriedad, Garzón no ha sido ajeno a la controversia.
Su investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo llevó a que el sindicato español Manos Limpias, considerado de ultraderecha, lo demandara por prevaricación por declararse competente para investigar crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo cuando no lo era.
El Tribunal Supremo español desechó las demandas por estos casos, pero en 2012 lo condenó por prevaricación por ordenar escuchas ilegales entre presos y abogados en el llamado caso Gürtel (por corrupción y que involucraba a integrantes del Partido Popular, PP) y lo sentenció a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez.
Desde entonces ha sido asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya, defensor de Julian Assange y creador de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que trabaja, precisamente, en la búsqueda de una jurisdicción universal.
Entrevistamos a Baltasar Garzón con motivo del Hay Festival que se realiza Querétaro esta semana, donde presentará su libro “No a la impunidad: jurisdicción universal, la última esperanza de las víctimas”.
Su libro es paradójico porque es a la vez muy fácil y difícil de leer. Fácil porque está escrito con agilidad y por momentos, como cuando ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres, se lee como un thriller. Pero las descripciones de lo que sufrieron las víctimas de los diferentes regímenes autoritarios en América Latina son desgarradoras. Varias veces tuve que suspender la lectura.
He procurado “descender” lo que es el lenguaje jurídico a un lenguaje normal, con el que nos entendemos todos.
He huido de acudir a los grandes conceptos jurídicos y eso comporta también que los relatos de las víctimas -en unos casos con su identidad real y en otros situaciones reales con personas no reales- tienen por finalidad que nos demos cuenta cómo es todo esto.
Muchas veces los juristas hablamos de crímenes de lesa humanidad pero no aterrizamos en el caso concreto, lo que siente la víctima. Tampoco lo que experimenta de reparación cuando concurre ante un juez y cuenta su historia, su verdad.
Y es cierto que sufres al leerlo. Yo mismo, por mucho que hayan sido historias conocidas e incluso vividas en primera persona, me impactaron cuando escribía porque son dolor vivo.
Pero precisamente en la reparación está compartir ese dolor para que quienes se aproximen al libro vean que esto no es una película, algo irreal.
Usted además se enfoca mucho en revelar el entramado de complicidades a nivel social que hay detrás de estos abusos. Todo el contexto de alianzas entre políticos, fuerzas armadas y empresas que lo permitió.
Las cosas realmente no suceden por casualidad. Hay un trasfondo muy grave de complicidades. Y desde mi experiencia acumulada, siempre hay un componente económico que subyace.
No es solo alguien que ideológicamente un día da un golpe de Estado y a partir de ahí comienza la represión de quienes piensan distinto.
En algunos casos es así, pero en otros es algo mucho más pragmático, con un componente económico que unas veces comportó un cambio de sistema y en otras la apropiación de bienes de las víctimas.
Recuerde la defensa que se hizo durante mucho tiempo de Pinochet: que sólo actuaba por unos ideales, algo que también ocurrió con Franco.
Y sin embargo después hemos comprobado que había un componente económico muy importante, de acumulación de riquezas y favorecimiento de personas en la misma línea.
Yo soy lo bastante viejo como para acordarme cuando muchas de estas denuncias eran descalificadas como una campaña del comunismo internacional. Todavía me sorprende verlas descritas -y aceptadas- como hechos históricos…
Bueno, usted sabe que el negacionismo es un arma que también justifica las conciencias.
Cuando ya pasa el tiempo, no es fácil para quienes fueron perpetradores tener ese peso de la memoria.
Por eso tienen una tendencia a olvidar, a orillar. Y por tanto a impedir cualquier investigación que pueda llevar al descubrimiento de lo que realmente ocurrió, que salgan todas las mentiras construidas desde el poder y con una finalidad: la impunidad.
Me llamó mucho la atención un concepto que usted atribuye al escritor Eduardo Galeano, el de “burócratas de la tortura”, porque coincide con el que acuñó Hannah Arendt en sus reportes sobre el juicio a Adolf Eichman: “la banalidad del mal”. Aquellos seres grises que son capaces de ir como al trabajo a torturar y asesinar y después regresan a sus hogares a retomar sus funciones de esposos y padres…
Sí, siempre hay ese componente.
Eduardo Galeano, en las conversaciones que manteníamos, hacía referencia a lo acontecido en Argelia cuando todavía era colonia francesa y las torturas sistemáticas que se producían. Pero se puede trasladar a otros muchos ámbitos.
Es lo que decía antes: el torturador necesita incluso una justificación para su propia maldad. Es imposible mantenerlo de forma permanente. Necesita apoyos que lo saquen de ese pozo, ya sea de familiares, amistades o de intereses. Una especie de poner compuertas al odio, al dolor y la tortura.
Entonces uno de los mecanismos es banalizarlo. Decir, bueno, tampoco era tan importante. No era yo el único. Es un compartir la maldad y la tortura en la que te escudas para salvar tu propia responsabilidad.
Algo que comparten todos los casos de América Latina que analiza en su libro es que se originaron durante la Guerra Fría. Y uno de los últimos remanentes que quedaban de la Guerra Fría en América Latina era el conflicto armado con las FARC en Colombia. Usted asesoró la misión de la OEA y su fundación tiene presencia en Colombia. ¿Cómo ve todo el debate en torno a las víctimas y la justicia transicional?
Lo veo con mucha preocupación.
Cuando llegué a Colombia, por petición del Fiscal de la Corte Penal Internacional y un acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, tenía muchas dudas sobre si el proceso iba a prosperar.
Después le he dado seguimiento y he estado en contacto con las comunidades indígenas del Cauca y con las víctimas.
En más de una ocasión dije que un proceso de paz sin participación de las víctimas era un fracaso.
Creo que si el proceso se puede salvar es porque finalmente las víctimas tienen que participar.
A veces aplicar la justicia retributiva en su más pura esencia es un ideal pero no una realidad alcanzable al cien por cien. Y tenemos que optar por una justicia restaurativa, que a veces es más difícil llevar a cabo pero que sus resultados son mucho más positivos.
A fin y al cabo imponer una pena de muchos años a una persona para que la cumpla en una celda no le reporta demasiado a la sociedad.
Pero cumplirla propositivamente en reparación de la comunidad o las víctimas puede ser mucho más interesante.
En todo caso en Colombia los índices de impunidad de la justicia ordinaria son de entre el 85% y el 90%; por tanto, pretender como algunas formaciones políticas o algún expresidente, que sea la justicia ordinaria la que se ocupe de esos casos es como hacer un brindis a la nada, porque sabes que no va a ser posible.
Hay que buscar fórmulas que compendien la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y esa es la justicia transicional.
Colombia es un experimento como no ocurre un ningún país del mundo. Y es algo que me toca las entrañas, porque he visto cómo las víctimas quieren llegar a esa obtención de la verdad.
El problema es que hay muchas personas y alguna que otra formación que apela a que no sea así.
Volviendo a su libro, es evidente que América Latina está en el centro de su búsqueda por una jurisdicción universal. Y un año clave fue el 96, con las querellas en España por los abusos durante el régimen militar en Argentina y contra Augusto Pinochet.
Yo creo que Argentina, siendo ejemplo de lo peor, también lo es de lo mejor. De lo peor en el sentido de los años 70-80, los golpes militares, la grandísima desigualdad que todavía hoy se extiende y que es uno de los motivos de esa conflictividad; pero también es donde se han producido los mayores avances de la justicia.
Pero también la Corte Constitucional colombiana, la Corte Suprema de Argentina o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia comisión han dado ejemplo de cómo tiene que ser el combate desde la justicia contra la impunidad.
Ha habido unos avances como en ninguna parte del mundo. Nadie lo ha hecho igual, incluido el Tribunal de Derechos Humanos europeo.
Es verdad que América Latina es ejemplo de lo peor, pero también que la respuesta desde las víctimas es un ejemplo mundial.
Si no hubiera sido por la persistencia de las víctimas en sus denuncias no habría sido posible la apertura de las causas en España y todo lo que vino después, que ha sido un efecto dominó.
En el libro menciona varios hitos en la búsqueda por la Jurisdicción Universal, pero definitivamente el gran hito fue la orden de captura de Pinochet en Londres, ¿no? Marcó un antes y un después. Usted dice en el libro “desde entonces antiguos y nuevos dictadores se cuidan mucho de informarse si existen ordenes de captura contra ellos antes de salir de sus países”…
Sí, esa es la importancia de ese hecho histórico: de que no todo vale y que no pueden esconderse en la inmunidad de haber sido un presidente o un canciller. Porque utilizaron esos cargos para torturar, matar o desaparecer.
Realmente el principio de jurisdicción internacional está en los tratados, en la Convención contra la Tortura…
Lo que ocurrió aquí es que, a partir del año 96, por primera vez hicimos coincidir lo que decía la letra de la ley con su aplicación.
Usted se ocupa del caso de Paraguay, que no es muy mencionado en la propia América Latina, pero que fue clave por ejemplo para ordenar la detención de Pinochet por los archivos que se descubrieron en ese país del famoso Plan Cóndor.
Es uno de los conflictos más olvidados y desconocidos.
Pero a día de hoy existe procedimiento penal abierto en Argentina por los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner y ha tenido importantes efectos sobre todo de cooperación jurídica internacional.
Porque esa es otra de las finalidades de la jurisdicción universal: si no puedes juzgar en el país donde abres el procedimiento, puedes producir cooperación para que en el propio país finalmente se juzgue.
Porque muchas veces dicen: pero qué hace este juez metiéndose en lo que ocurre en Paraguay, Argentina o Chile…
Las acusaciones de neocolonialista que le han hecho en algunos casos.
Claro, pero no es así. Ningún juez, de ninguna parte del mundo, quiere llevar procesos si en el país donde ocurrieron los hechos hay respuesta judicial. Lo que no puede consentirse, y es lo que dicen las leyes internacionales, es que haya impunidad.
Yo creo que la jurisdicción universal, en vez de un ataque a la soberanía, es un principio de soberanía compartida.
Cada uno de los países que ratifica una convención internacional donde se reconoce el principio de jurisdicción universal cede una parte de su soberanía para que no haya impunidad. Ese es el sentido.
Vital en este tema ha sido la legislación española, en especial la Ley Orgánica Judicial de 1985. ¿Eran conscientes de sus alcances quienes la introdujeron?
Yo creo que no.
Pienso que hubo una aceptación de las normas internacionales sin mayor debate.
Porque la vez primera que apliqué esta norma busqué incluso los antecedentes legislativos y vi que no hubo gran debate en su momento.
Debió ser así porque ya en 2009 y en 2104 restringieron la ley.
Pero antes de esto hubo dos momentos muy importantes, que fueron en septiembre de 2005 y octubre de 2007, en que el Tribunal Constitucional español dijo que la interpretación que estábamos haciendo era la correcta.
Desafortunadamente, razones políticas, diplomáticas y económicas han conducido a su restricción. Esperemos que con la nueva legislatura española se le ponga fin.
Si en los años 90 era difícil impulsar este tipo de legislación y la jurisdicción universal, ahora lo es mucho más con el clima político mundial actual.
Es verdad. Pero también por eso es mucho más necesario.
En tiempos de crisis debemos intentar avanzar más. Establezcamos que cualquier vuelta atrás va a ser mucho peor.
Si estamos hablando de la protección del medio ambiente, de las barbaridades económico-financieras que estamos sufriendo, no podemos hacernos de menos elementos para defendernos.
Todo lo contrario: cualquier mecanismo que proteja, por ejemplo, los derechos de la naturaleza es cada vez más necesario.
Es verdad que hay grandes intereses económicos en juego y hay líderes políticos que están haciendo exactamente lo contrario de lo que es beneficioso para la Tierra y la naturaleza. Pero bueno, tenemos que ponerlo de manifiesto y luchar para que deje de ser así.
Hay que proponerse metas que parezcan imposibles. Otras también lo parecían en otro momento histórico.
No sé si en octubre de 1998 había mucha gente que pensara que Pinochet podía ser detenido por la justicia británica a pedido de un juez español por crímenes cometidos en Chile.
A usted lo han acusado de neocolonialista, de que se fijaba en los crímenes cometidos en otros países pero no en los del suyo bajo el franquismo -lo hizo y de hecho afectó profundamente su carrera como juez-, y ahora lo pueden señalar de idealista por lo que plantea al final de su libro, que los avances en la jurisdicción universal deben contemplar crímenes de naturaleza económica y contra el medio ambiente.
Determinadas cotas de idealismo no están mal. Hice lo que tenía que hacer. Si algo he buscado en mi vida es la coherencia. Cuando me decían “usted está investigando fuera de España”, yo respondía “también lo estoy haciendo dentro de España y cuando llegue el momento y si me corresponde, lo haré”.
Y así fue con los crímenes franquistas, porque creo que en España se le debe justicia y verdad a las víctimas del franquismo.
Tenemos el gran déficit de 40 años de dictadura, pero también 40 años de silencio posterior. En 2007 se aprobó la ley de Memoria Histórica pero no fue hasta 2008 que se intentó abrir la puerta.
Como juez, como ciudadano y como demócrata me parece una vergüenza que sigamos debatiendo estos temas y no lo hayamos podido superar. España es el segundo país del mundo en desaparecidos. Es un récord ominoso.
Idealismo sì, pero se están consiguiendo cosas.
Finalmente, con los avances y retrocesos en la jurisdicción universal en los últimos 20 años, pero también con el actual contexto político, ¿usted cree que Pinochet sería extraditado hoy en día?
Yo creo que hoy no sería necesaria su extradición. Porque habría habido respuesta por parte de la justicia chilena.
Los esfuerzos del juez Juan Guzmán Tapia en su momento, los de las víctimas, fueron muy importantes.
No sé qué habría sucedido si no se hubiera presentado esa detención del año 98. Pero sí sé lo que sucedió y hoy día quizás no sería necesaria esa extradición porque podría ser juzgado en su país.
Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Querétaro, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad mexicana entre el 5 y el 8 de septiembre de 2019.
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