Estados Unidos enfrenta un dilema ante la cuestionada reelección de Daniel Ortega en Nicaragua: si responde con tibieza, otros en la región podrían tomar nota, pero si impone sanciones fuertes, se arriesgaría a que haya un efecto bumerán.
BBC NEWS MUNDO
Nicaragua: el dilema que enfrenta Estados Unidos sobre cómo responder a la cuestionada reelección de Ortega
Expertos advierten que cualquier decisión que tome Washington podría repercutir más allá de Nicaragua e incluso afectar indirectamente sus propios intereses.
Cientos de nicaragüenses protestaron en Costa Rica en contra de la celebración de las elecciones.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó de “pantomima” los comicios en Nicaragua del domingo, que dieron a Ortega un cuarto mandato consecutivo después que su gobierno encarcelara a varios de sus rivales y opositores.
Biden promulgó el miércoles la Ley Renacer, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso y le permite ampliar las sanciones al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La Casa Blanca tiene ahora una amplia gama de medidas posibles: desde nuevas sanciones financieras a funcionarios nicaragüenses, hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país centroamericano.
Sin embargo, distintos expertos advierten que cualquier decisión que tome Washington podría repercutir más allá de Nicaragua e incluso afectar indirectamente sus propios intereses.
“Para EE.UU. es un tema de la mayor sensibilidad, porque lo que se resuelva sobre Nicaragua va a tener implicaciones regionales”, dice Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, a BBC Mundo.
“Todas las herramientas”
Solís cree que la respuesta de EE.UU. a Nicaragua dependerá en buena medida de lo que ocurra en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra esta semana de manera virtual, con Guatemala como anfitrión.
Explica que si los cancilleres regionales avanzaran hacia la suspensión de Nicaragua de la OEA, entendiendo que en el país hubo una ruptura del orden democrático, “eso favorecería la toma de decisiones de EE.UU.”.
Pero para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los Estados miembros de la OEA, y muchos dudan que se alcance esa mayoría.
El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields Yescas, afirmó el miércoles que la votación del domingo en su país fue “libre” y pidió evitar posicionamientos “intervencionistas”.
El propio Ortega, un exguerrillero de izquierda que participó de la revolución sandinista de 1979 y enfrentó la insurgencia de los “contras” impulsada por EE.UU., arremetió el lunes contra quienes “siguen con sus prácticas colonialistas” y calificó a los opositores encarcelados de “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.
Desde mayo, en Nicaragua han sido detenidos 39 políticos, activistas, empresarios y periodistas, incluidos siete precandidatos rivales de Ortega, cuyo gobierno reprimió en 2018 protestas callejeras que acabaron con más de 300 muertos.
Sin un acuerdo para suspender a Nicaragua de la OEA, Washington buscaría sanciones alternativas.
Biden anticipó el domingo que, en coordinación con otros países, “usará todas las herramientas diplomáticas y económicas” que dispone para hacer rendir cuentas al gobierno nicaragüense.
Pero Ortega, al igual que Nicolás Maduro en Venezuela, ha sobrevivido en el poder pese a sanciones que ya le aplicó Washington.
La gran pregunta es qué cambiaría ahora.
“Efectos contrarios”
La nueva ley de EE.UU., conocida por sus siglas en inglés de Renacer, habilita distintos tipos de medidas hacia Nicaragua.
Por ejemplo, busca restringir los préstamos de bancos multilaterales al gobierno de Ortega y solicita informes de EE.UU. sobre presunta corrupción, abusos de derechos humanos y actividades de Rusia en ese país.
También pide revisar la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
Los expertos creen que apartar a Nicaragua de ese pacto comercial o imponer unilateralmente aranceles a productos de ese país es uno de los golpes más duros que Washington podría darle al gobierno de Ortega, ya que la mitad de las exportaciones nicaragüenses van a EE.UU.
Sin embargo, eso a su vez podría agravar la crisis económica que vive Nicaragua y aumentar la emigración del país, justo cuando EE.UU. busca reducir los flujos de migrantes centroamericanos a su frontera.
“Pensar en los efectos contrarios es lo que congela la política”, dice Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, un centro de análisis independiente en Washington, a BBC Mundo.
Otro argumento opuesto a las sanciones, agrega, es que los gobiernos que las reciben suelen buscar aliados donde puedan, incluidos Rusia e Irán en el caso de Nicaragua.
“Si la administración (de Biden) no está dispuesta a enfrentarse con Rusia sobre su rol en Nicaragua, unas sanciones de EE.UU. van a producir un vinculo más fuerte entre Moscú y Managua”, señala.
Se pregunta también si Nicaragua podría abrir relaciones diplomáticas con China y romper las que tiene con Taiwán si éste, por presión de EE.UU., se negara a darle créditos del Banco Centroamericano de Integración Económica que integra.
Es probable que el gobierno de Biden opte por aplicar primero nuevas sanciones a personas y entidades que vincule con violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, por ejemplo en el ámbito militar.
Pero los analistas también sostienen que, pese a su énfasis en la defensa de la democracia, EE.UU. sigue sin mostrar una política clara hacia América Latina y hacer “más de lo mismo” en Nicaragua sembraría nuevas dudas en un subcontinente con varios desafíos al Estado de derecho.
Otros gobiernos de la región con tendencias autoritarias, advierte Arnson, “podrían interpretar la timidez (de EE.UU. hacia Nicaragua) como una luz verde para ir socavando la institucionalidad de sus países”.
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