La comisión, establecida por la Conferencia Episcopal Portuguesa para examinar los abusos en las últimas décadas, agregó que esto es “la punta del iceberg“.
BBC NEWS MUNDO
Un informe revela más de 4.800 casos de abuso sexual en la Iglesia católica de Portugal
Una comisión independiente que investiga el abuso sexual de menores en el seno de la Iglesia católica portuguesa dijo este lunes que los casos documentados indican la existencia de al menos 4.815 víctimas.
Pedro Strecht, el presidente de la comisión, dijo que esto es solo "la punta del iceberg".
Al presentar el informe, el presidente de la comisión, el psiquiatra infantil Pedro Strecht, señaló que su objetivo es “dar voz al silencio” de las víctimas.
Strecht aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los cientos que se comunicaron con su personal para brindar testimonio.
“Tienen una voz, tienen un nombre”, declaró.
En total, la comisión documentó 564 experiencias de personas que dijeron haber sido víctimas de abuso por parte de sacerdotes u otros miembros de la iglesia.
Se analizaron casos que se remontan a 1950.
En muchos casos, los testimonios señalaron que otros menores fueron abusados, de ahí que la estimación de víctimas supere los varios miles.
A lo largo de su presentación, Strecht citó el testimonio de las víctimas y destacó el impacto que el abuso tuvo en ellas.
Mencionó a una víctima que dijo haber estado viviendo en un “agujero negro”.
Se informó que el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, José Ornelas, obispo de Leiria-Fátima, hará una declaración.
El domingo, Ornelas indicó que recibió el informe “con gratitud” y que en una sesión extraordinaria prevista para el 3 de marzo se considerará la mejor manera de ofrecer “justicia” a las víctimas.
Según la comisión, se ha enviado a los fiscales un total de 25 casos. Muchos otros quedaron fuera del plazo de prescripción.
Entre las recomendaciones que hace el informe está que, en los casos de presuntos abusos sexuales a menores, se eleve a 30 años la estipulación existente de 25 años para que las víctimas puedan presentar una denuncia penal, aunque sea aplicable el plazo de prescripción.
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