Crisis en Nicaragua: fuerzas leales a Ortega se hacen con el control de Masaya, bastión de la oposición, tras un violento ataque

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Desde que estallara la crisis, alrededor de 300 personas han perdido la vida, en su mayoría civiles, según las estimaciones de la ANPDH.

La operación se produce tan solo días después del asedio a una iglesia de Managua llena de universitarios por parte de fuerzas leales al presidente. Los estudiantes se refugiaron en el templo cuando atacaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan) para desalojarles.

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Al menos, dos jóvenes perecieron en ese asedio, según reportó entonces el colaborador de BBC Mundo Ismael López, que acabó atrapado en el templo junto a los manifestantes.

“A todo coste”

El operativo en Masaya empezó a primera hora de la mañana del martes y duró más de 7 horas, según informa la agencia EFE.
“La orden de nuestro presidente y de la vicepresidenta es ir limpiando las calles, estos tranques a nivel nacional. Y esa petición de la población de Monimbó, que es nuestro Monimbó, y nuestra Masaya, vamos a cumplirla. ¡Al costo que sea!”, explicó el jefe de la delegación policial en Masaya, Ramón Avellán.
El gobierno asegura que las barricadas están dañando los negocios y alterando la vida de los ciudadanos.

RT: El jefe policial de Masaya confiesa que al ataque armado de este martes es una orden directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Advirtió que "limpiarán" Monimbó al "costo que sea" >> https://t.co/uL9PZgSOm1 #SOSMasaya #SOSNicaragua pic.twitter.com/IiM9WYhf1f

— La Prensa Nicaragua (@laprensa) July 17, 2018

El portal oficialista El 19 Digital tituló en su página web “Monimbó, Masaya Territorio Liberado” y aseguró que la localidad “ya luce calles liberadas de tranques (barricadas) donde la gente puede circular libremente sin miedo a ser asaltada, asesinada o secuestrada”.
Según informa la agencia EFE, simpatizantes de Ortega celebraron el ataque y agradecieron a la Policía nicaragüense.
Análisis de Arturo Wallace
Enviado especial de BBC Mundo a Nicaragua
Acabar con las barricadas de Monimbó era doblemente importante para el gobierno por el valor simbólico de este barrio indígena de Masaya, históricamente un bastión del sandinismo.
Las mismas habían sido levantadas durante los primeros días de la protesta y eran virtualmente las únicas que habían resistido a la “operación limpieza” ordenada hace unas semanas por el presidente Ortega.
Se dice que el mandatario estaba empeñado en recobrar el control de la mayoría de las calles antes del 19 de julio, cuando se conmemorará el 39 aniversario de la Revolución Sandinista.
Y los alrededor de 1.000 efectivos fuertemente armados que se estima empleó para “recuperar” Masaya parecen confirmarlo.
La importancia real de esta “victoria”, sin embargo, está por verse.
Una vez más, la actuación policial y de los grupos de simpatizantes sandinistas armados a cargo de la “operación limpieza” fue duramente criticada por los organismos de derechos humanos y logró que la comunidad internacional fijara todavía más su mirada en Nicaragua.
Y el fin de las barricadas no significa el fin de las protestas, que este miércoles cumplirán tres meses; si acaso el inicio de una nueva etapa, aunque el desenlace siga siendo incierto.
Álvaro Leiva, secretario de la ANPDH, dijo a la agencia AFP que las fuerzas que apoyan a Ortega se hicieron con el control de la ciudad tras varias horas de combate y “el uso excesivo de la fuerza”.
Según esta organización, la localidad permanece cercada por “las fuerzas combinadas” del gobierno.
“Cayó Masaya, todo está en silencio, los chavalos debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas”, dijo a EFE una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya.

Crecen las críticas

Esta última ofensiva del gobierno se produce después de tres meses de fuertes protestas en distintos puntos del país y las crecientes críticas internacionales sobre la actuación del gobierno de Ortega.
La crisis comenzó el pasado 18 de abril con una ola de manifestaciones por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtió en todo un alzamiento civil contra el presidente.
Los manifestantes piden la salida de Ortega y justicia para los fallecidos en el marco de esas protestas, en su mayoría como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una investigación de la CIDH sobre las protestas registró numerosas denuncias de “detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento”.
El gobierno nicaragüense niega su responsabilidad en los hechos violentos e insiste en que la violencia es resultado de una estrategia “golpista” de ciertos sectores de la oposición.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN); el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; diversas naciones como Estados Unidos y hasta el propio hermano del presidente, el general en retiro Humberto Saavedra, le han pedido reiteradamente a Ortega que adelante las elecciones para solucionar la situación.
Pero el presidente no ha dado señales de que vaya a hacerlo y la crisis continúa.
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