“Podemos abordar el tema de los delitos de violencia, pero también tenemos que proteger los derechos humanos y la libertad de prensa. Estos no son conceptos contradictorios”, dijo Blinken, de visita en Ciudad de Panamá para una reunión regional sobre migración.
Como parte de su “guerra contra las pandillas” en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, con ayuda del Congreso aliado, instauró un régimen de excepción que permite la captura de personas sin orden judicial. Esta medida se adoptó para frenar la violencia de pandillas, a las que se les atribuyen 87 homicidios sólo entre el 25 y 27 de marzo.
Además, se reformaron las leyes para castigar con hasta 45 años de cárcel a quienes formen parte de estos grupos delictivos. Según Bukele, quien goza de altos niveles de popularidad, en 25 días se ha detenido a más de 14 mil pandilleros.
Sin embargo, algunas organizaciones critican la política de seguridad del presidente salvadoreño por presunta violación de los derechos humanos. El estado de excepción “tiene que estar de acuerdo con los derechos humanos”, sostuvo Blinken.
“Hemos empleado fondos para abordar el tema de las pandillas. Seguimos trabajando de manera estrecha también con algunas solicitudes de extradición de algunos líderes de estas pandillas”, agregó.
Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en ese país centroamericano asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70 mil miembros en El Salvador, de los cuales unos 30 mil estarían tras las rejas, luego de las recientes capturas.
El martes el Parlamento aprobó una ley para agilizar la construcción de más prisiones, ante la oleada de capturas de presuntos pandilleros.
Estados Unidos desea que Bukele pueda “avanzar” en su política contra la delincuencia, pero El Salvador “ha tenido algunos retrasos en la separación de poderes, en la gobernabilidad y en el estado de derecho”, agregó Blinken.
La administración de Joe Biden ha sido crítica con Bukele, sobre todo luego de que, con el apoyo del Parlamento, destituyó a magistrados de la Corte Constitucional y al Fiscal General.
El presidente salvadoreño asegura que era derecho de su gobierno tomar esas medidas y consideró las críticas como una intromisión en los asuntos internos del país.
