Se trata de un complejo presidiario que permite albergar hasta unos 40 mil pandilleros.
Según Romeo Rodríguez, ministro salvadoreño de Obras Públicas, esta prisión cuenta con ocho pabellones, cada con uno con 6 mil metros cuadrados de construcción; y en cada una de sus 32 celdas, con camarotes de lámina de hierro y sin colchón, “se alojarán más de cien pandilleros”.
La “megacárcel” fue criticada por Amnistía Internacional.
Las condiciones bajo las que se pretende alojar a miles de pandilleros entra en contraste con el artículo 2 del Código Penal de El Salvador, el cual dice:Toda persona a quien se atribuya delito o falta, tiene derecho a ser tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrán imponerse penas o medidas de seguridad, que afecten la esencia de los derechos y libertades de la persona o que impliquen tratos inhumanos o degradantes.
El encarcelamiento masivo no aborda las causas fundamentales de la violencia y no sirve para superar el problema a largo plazo. La violencia de pandillas en el país debe ser abordada de manera integral y garantizando los derechos humanos de toda la población.
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) February 27, 2023
Reformas legales generan polémica
Las acciones tomadas por el gobierno de Bukele se basan en reformas legales al Código Penal y decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, conformada por una mayoría oficialista.
Con 63 votos a favor, de un total de 84 diputados, se aprobó la incorporación del artículo 345C “con el objetivo de castigar hasta con 15 años de prisión a quienes realicen o colaboren en la elaboración y difusión de mensajes alusivos a grupos terroristas”, por lo cual, los periodistas de ese país temen que puedan ser enviados a prisión.
Según el Informe de la Democracia 2023 del Instituto Varieties of Democracy, de la Universidad de Gotemburgo, El Salvador se ha convertido en una autocracia y el gobierno de Bukele “intensificó su represión contra los periodistas y la libertad de prensa”.
El subdirector de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, se pronunció en su cuenta de Twitter, citando al medio salvadoreño El Faro y señaló que El Salvador pasa por una debacle autoritaria que “solo sería superada por un país con un golpe de estado militar y por el Talibán”.
La debacle autoritaria de El Salvador sólo sería superada por un país con un golpe de estado militar y por el Talibán: https://t.co/L26lUqOIk1
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) March 4, 2023
Destruyen tumbas de pandilleros
Como parte del régimen de Excepción que permite al gobierno salvadoreño una “guerra” frontal contra las pandillas, se ordenó la destrucción de las lápidas de las tumbas con simbologías de las organizaciones delictivas.
“Destruir a las pandillas que estaban tan enraizadas en la sociedad salvadoreña, no es un trabajo fácil; de hecho, siempre se creyó que era imposible. Lograrlo requiere de muchas acciones simultáneas. Una de ellas es destruir sus símbolos, su sentido de pertenencia, su memoria”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.
Para justificar esta acción, rechazada por organizaciones internacionales de derechos humanos, Bukele hizo referencia a Alemania, “donde se destruyó toda la simbología nazi, solo la esvástica” e indicó que, “para ser como los países desarrollados, hay que hacer lo que han hecho”.
Otras polémicas en la ley
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) criticó la aprobación de la Ley de Proscricpión de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, cuyo artículo nueve permite enjuiciar a menores como adultos, también contemplado en el capítulo IV de la Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales.
“Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas”, aseguró la organización en un comunicado.
