La iniciativa fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al ministro de la Defensa, René Merino, y el director de la Policía, Mauricio Arriaza.
Además de extender el régimen de excepción, el Gobierno de Bukele ha pedido endurecer las penas a los cabecillas de las pandillas y reformar el proceso para juzgar a los miles de detenidos.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por medios gubernamentales, esta medida ha dejado a 71 mil 479 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que se cobró la vida de más de 80 personas en 3 días.
