La operación se realizó gracias al trabajo coordinado entre Interpol Argentina, la Brigada Investigadora del Ciber Crimen de Chile, la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Seguridad de México y la Procuraduría General de la República mexicana, que participaron en la operación que pretendía romper las estructuras dedicadas a la distribución de material pornográfico infantil a través de internet.
En México, hubo acciones en los estados de Baja California, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, así como en la Ciudad de México, y se detuvo a ocho personas que supuestamente habrían compartido imágenes y videos de carácter pedófilo a través de la red.
Como resultado, las autoridades lograron poner en resguardo a tres niñas de nueve, 14 y 15 años que presuntamente eran utilizadas por familiares cercanos o vecinos para obtener imágenes pornográficas que luego eran difundidas en sitios de internet, correos electrónicos y redes sociales.
En los cateos fueron asegurados diversos equipos de cómputo y de telefonía celular que al parecer eran empleados para el envío y almacenamiento de las fotografías y videos.
