El proyecto de ley, presentado en julio pasado, había sido aprobado hace una semana por el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja, cuyo presidente, el legislador Jeff Duncan, expresó en nombre de sus compañeros su “profunda preocupación por el colapso de la democracia en Nicaragua”.
El proyecto de ley tiene como fin hacer que la administración del presidente Barack Obama se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Managua, exceptuando los destinados a satisfacer las necesidades básicas humanas, marcando así las prioridades de la política de este país respecto a Nicaragua.
El motivo de esta iniciativa es el hecho de que el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, vuelve a presentarse como candidato a las elecciones del 6 de noviembre en su país, lo que sería su cuarto mandato presidencial y el tercero consecutivo.
Los comicios de noviembre en Nicaragua se celebrarán sin observación electoral y con Rosario Murillo, esposa de Ortega, como aspirante a la Vicepresidencia.
El proyecto de ley asegura que en Nicaragua se ha producido un “declive en los derechos políticos y las libertades civiles” desde las elecciones municipales de 2008, y que el año siguiente Ortega “eludió a la Asamblea Nacional, que es la única que puede modificar la Constitución”, y recurrió al Tribunal Supremo, “bajo su control”, para eliminar el impedimento a presentarse a la reelección.
El actual proceso electoral se da, además, en medio de una gran tensión debido a que los poderes Judicial, Electoral y Legislativo han anulado al principal grupo opositor y han despejado el camino a Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de partidos que compiten son minoritarios.
El proyecto de ley también critica la falta de “transparencia fiscal” que el Gobierno de Ortega viene demostrando desde 2012, como un motivo adicional para suspender el apoyo a la concesión de nuevos créditos de organismos internacionales a Nicaragua
“Bajo sus múltiples mandatos, el presidente Ortega ha tomado medidas cada vez más evidentes destinadas a concentrar el poder político en un sistema gobernado por el FSLN como partido único, controlando la mayoría del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral”, afirmó entonces Duncan.
La propuesta podría ser vetada por el presidente Barack Obama.
Empresarios nicaragüenses lamentan proyecto
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) lamentó la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que aprobó por unanimidad un proyecto de ley para que las instituciones financieras frenen los préstamos a Nicaragua.
“Es lamentable que hayamos llegado a esta situación y que el Congreso de Estados Unidos haya tenido que aprobar esta ley y de forma unánime”, señaló el titular de Amcham, Roberto Sansón Caldera, a periodistas.
Para el presidente de Amcham, la decisión del Congreso de EE.UU. “es una gran alarma que nos debe preocupar muchísimo y amerita que se busquen acciones para remediar la imagen y la percepción” que se tiene del Gobierno de Nicaragua en Washington.
“Lo que nosotros le pedimos al Gobierno (de Ortega) es que tiene que estar atento al impacto que sus acciones, como se ven en el exterior, porque cuando ya uno tiene que dar explicaciones del por qué pasan las cosas, ya es demasiado tarde”, advirtió.
Según el dirigente empresarial, Nicaragua está “teniendo una crisis de imagen en el exterior, provocado por las acciones de los últimos meses en el país, independientemente de la justificación que hayan o no de esas acciones”.
Ese daño en la imagen de Nicaragua está teniendo repercusiones con esta ley “que se empujó y se aprobó de una forma extremadamente rápida y de carácter unánime”, anotó.
“Nos tiene que llamar la atención la unanimidad de la aprobación y la rapidez con que se pasó esta ley. Eso es un signo alarmante”, continuó Sanson Caldera, quien instó al Gobierno a tomar el caso “muy en serio” y “como una campanada”.
Intentan frenar reelección de Ortega
En tanto en Nicaragua, la oposición, relegada de las elecciones generales del próximo 6 de noviembre, se organiza en torno a un “frente amplio” para intentar frenar los planes del presidente Daniel Ortega de alcanzar su tercer mandato consecutivo, en lo que considera “una farsa electoral”.
El frente reunirá a movimientos derechistas de tendencia liberal y socialcristiana, a la disidencia sandinista y a otros sectores inconformes con el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.
“Con varias organizaciones se tomó la decisión de formar un amplio Frente Amplio” la próxima semana, en sustitución de la Coalición Nacional por la Democracia (CND) que el último mes fue afectada por escisiones internas, dijo a la AFP uno de los dirigentes de la CDN, José Pallais.
La alianza busca vigorizar a la decaída oposición, que fue inhibida de participar en los comicios por un fallo del Poder Judicial de junio pasado mediante el cual los dirigentes del Partido Liberal Independiente (PLI, derecha), la segunda fuerza política después del FSLN, perdieron la representación legal de la agrupación.
“El objetivo es la unidad de todos” los opositores al gobierno, para denunciar las irregularidades de este proceso electoral, explicó a la AFP el empresario radial y excandidato presidencial del PLI en las elecciones de 2011 Fabio Gadea.
El PLI encabezaba la CDN, una coalición electoral opositora que fue desintegrada por el nuevo presidente del PLI, Pedro Reyes, una vez que la Corte Suprema de Justicia le otorgó el control del partido.
La Corte también despojó de su personalidad jurídica al Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda), bajo cuyas siglas los adversarios de Ortega intentaron reorganizar su coalición.
La actuación de la justicia permitió a Ortega consolidar su ventaja con un 65% de intención de voto, según una encuesta de la empresa M&R, frente a cinco pequeños partidos que en conjunto no superan el 4% de respaldo popular.
“El descontento es enorme”
En los próximos dos meses los opositores persiguen minar los planes de reelección de Ortega intensificando los llamados a la abstención y las protestas, con el fin de deslegitimar el proceso y exigir nuevas elecciones con observación internacional y un tribunal electoral imparcial.
A juicio de la dirigente de la disidencia sandinista Dora María Téllez, la campaña en favor de la abstención “va a tener mucho eco” porque considera que Ortega no tiene la popularidad que marcan las encuestas.
“La oposición no va a votar y probablemente una parte que estaba votando tradicionalmente por el FSLN tampoco”, estimó.
“El descontento (entre los nicaragüenses) es enorme aunque ellos (el gobierno) digan que no”, coincide Gadea, quien asegura que durante el gobierno de Ortega se han cometido “centenares” de crímenes y abusos contra los derechos humanos que han generado malestar en la población.
“En el campo se encuentra gente que a duras penas come”, agregó.
Para la defensora de los derechos humanos Mónica López, la oposición fue excluida de los comicios porque tenía potencial de capitalizar el voto de sectores inconformes con Ortega.
Sin embargo, cree que el llamado a la abstención es “irrelevante” porque “el partido de gobierno controla todas las instituciones del Estado, incluido el poder electoral”.
Piensa, además, que los nuevos líderes de la oposición deben salir de los movimientos populares, y no de la oposición política tradicional, la cual, en su opinión, tiene que llevar a cabo una evaluación autocrítica de su desempeño.
Cirilo Otero, sociólogo y miembro de un grupo de intelectuales críticos del gobierno, dijo a su vez que en la población “hay mucha confusión” sobre el impacto que tendría un llamado a la abstención en las elecciones.
Según una encuesta de M&R, el 73,9% de los nicaragüenses resta importancia a ese llamado, en lo cual influye el peso del oficialismo sobre los medios de comunicación.
Los canales televisivos y las emisoras radiales de mayor influencia están en manos de la familia presidencial o de empresarios afines, de acuerdo con estudios publicados por el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
Ortega busca ser reelecto para el período 2017-2022, acompañado esta vez de su esposa Rosario Murillo, candidata a la vicepresidencia.
A juicio de Otero, Nicaragua se encamina hacia “una forma de gobierno de carácter familiar” similar a “una dictadura dinástica poco elegante, light”.
El líder sandinista “está asegurando la transmisión del poder político” porque “es un hombre de 70 años que puede estar pensando ya en su momento de declive”, señaló el analista.
