El gobierno de Juan Manuel Santos indultó el pasado 22 de noviembre a 30 presos por delitos políticos como rebelión, integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) , principal guerrilla del país, como gesto de confianza en las negociaciones que sostienen en La Habana desde noviembre de 2012.
Los nueve hombres y siete mujeres fueron liberadas de las cárceles de La Picota y El Buen Pastor de Bogotá. Ninguno está condenado por delitos graves y tendrán que comprometerse a no regresar a las filas de las FARC, según el gobierno.
Cuatro tienen permiso para viajar a La Habana como “ciudadanos autorizados formalmente por el gobierno para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados”, agregó el texto.
Dos de los excarcelados, Sandra Patricia Isaza y Carlos Antonio Ochoa, instaron este jueves a la pronta liberación de sus compañeros y anunciaron que serán “promotores y promotoras de paz” .
“Trabajaremos en una primera etapa por socializar los acuerdos logrados en La Habana”, dijo a periodistas Isaza, una de las excarceladas que viajará a Cuba.
La cúpula de las FARC, que calificó el indulto como un “gesto positivo” , pidió el domingo al gobierno que excarcele tanto a guerrilleros como a policías y militares enfermos presos por el conflicto, como una nueva medida “con un claro contenido humanitario” para ambas partes.
“Veremos a las FARC en sociedad”
A seis meses de la tregua unilateral decidida por las FARC el pasado 20 de julio, la liberación de los primeros guerrilleros indultados “es un gesto de construcción de confianza entre las partes”, dijo a la AFP Jorge Restrepo, director del centro de estudios del conflicto CERAC.
“Por primera vez (en este proceso) veremos la construcción en sociedad de las FARC: veremos quiénes son, qué van a hacer y si participarán en política, porque se trata de indultos que no ponen en riesgo la seguridad” , agregó.
Para la analista Angelika Rettberg, la liberación es una “concesión” del gobierno a la mesa de negociaciones.
Esto demuestra un “compromiso con los acuerdos de justicia” alcanzados el 23 de septiembre, en los que se contempla la amnistía a guerrilleros que no cometieron delitos graves, dijo esta experta en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes.
En los últimos 55 días no se registraron acciones ofensivas violentas de las FARC, según el último informe mensual de CERAC sobre las medidas de desescalamiento del conflicto, conocido el miércoles.
Para la estatal Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en Colombia, esto muestra un “panorama alentador” tras el cese del fuego de la principal guerrilla del país, con unos siete mil combatientes según estadísticas oficiales.
El gobierno y las FARC, que esta semana acordaron solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU una misión de verificación de la inminente dejación de armas por parte la guerrilla y el cese definitivo del fuego en Colombia, se comprometieron a sellar la paz definitiva el próximo 23 de marzo.
Hasta ahora, las pláticas en La Habana han alcanzado consensos parciales en tres puntos (desarrollo agrario, solución al problema de las drogas ilícitas y participación política de los rebeldes), y aun quedan por cerrar los relacionados con reparación y justicia para las víctimas, dejación de armas y fin del conflicto y refrendación de los acuerdos.
El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina en los años 1960 y que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, deja ya unos 220 mil muertos y seis millones de desplazados.
Proponen crear nuevo tipo penal para paramilitarismo
Los negociadores de las Farc en los diálogos de paz de La Habana propusieron el jueves la creación de un nuevo tipo penal destinado a sancionar el paramilitarismo, “flagelo” que para el grupo rebelde significa el principal obstáculo en el camino hacia el cese definitivo del conflicto en Colombia.
La insurgencia anunció en un comunicado leído por el jefe guerrillero “Pablo Catatumbo” (alias de Jorge Torres Victoria) que iniciarán un “debate profundo” con el Gobierno colombiano en la mesa de conversaciones, sobre la “urgente necesidad” de superar el “azote del paramilitarismo”.
Los guerrilleros aseguraron que “difícilmente” podrían completar el paso de organización armada a movimiento político legal sin “tener garantías ciertas” del desmantelamiento de este fenómeno.
En el texto, las FARC denunciaron además la multiplicación de la actividad de grupos paramilitares en el territorio colombiano e insistieron en que este fenómeno ha sido “una política de Estado” , que no se limita al uso de las armas.
“La solución efectiva de este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo” , precisaron los guerrilleros.
El fin definitivo del paramilitarismo, según las Farc, requiere de “voluntad política” y “múltiples ajustes en la institucionalidad” para impedir que el Estado sea “instigador, cómplice o aliado de organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes” .
“En este sentido proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares” , insistió “Pablo Catatumbo” .
Los negociadores de la guerrilla recomendaron también la creación de una “Comisión Nacional por el Desmantelamiento del Paramilitarismo y contra la impunidad en Colombia” , que funcionaría como un órgano independiente aunque tendría participación del Gobierno, de organización de víctimas del conflicto y de las FARC “en tránsito a movimiento político sin armas”.
