La oficina del defensor del pueblo mexicano se refirió a dos sucesos que han generado dudas sobre la actuación de agentes federales y un presunto uso excesivo de la fuerza.
Uno es el ocurrido el viernes recién pasado en un rancho de Michoacán cercano a la frontera con Jalisco en el que murieron 42 presuntos criminales y un policía durante la balacera que duró unas tres horas y en el que participó un helicóptero federal. En el segundo, que tuvo lugar el 6 de enero recién pasado también en Michoacán en la localidad de Apatzingán, murieron al menos nueve civiles.
-Comisión abrió un expediente-
En ambos casos la Comisión abrió un expediente de queja e inició sus propias investigaciones ante las sospechas de familiares de las víctimas y algunos organismos de la sociedad civil de que las fuerzas de seguridad pudieron haber incurrido en ejecuciones extrajudiciales.
“La gravedad y trascendencia de las imputaciones que se formulan demandan que las investigaciones se lleven con la mayor celeridad posible, sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere”, añadió la nota.
En el caso de la balacera en el rancho del norte de Michoacán la Comisión solicitó a las autoridades involucradas “la rendición de informes pormenorizados” y envió a funcionarios al lugar para “recabar elementos de convicción” sobre el caso.
Asimismo, reiteró “la necesidad de que todas las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, para evitar incurrir en violaciones a derechos humanos y se propicie que efectivamente se llegue a la verdad.”
En relación con la investigación de los hechos ocurridos en enero, pidió “celeridad, profundidad y credibilidad” en la investigación, que debe ser “exhaustiva y diligente.”
-Caso de ejecuciones extrajudiciales-
Ambos sucesos tuvieron lugar meses después de un caso de ejecuciones extrajudiciales que suscitó múltiples denuncias nacionales e internacionales, incluida la de Naciones Unidas.
El 30 de junio del 2014, en el estado de México, el ejército dijo que en un enfrentamiento habían muerto 22 presuntos delincuentes y sólo un soldado había resultado herido.
Una investigación de The Associated Press reveló que varios de los sospechosos habían sido ejecutados después de rendirse en una bodega de la municipalidad de Tlatlaya.
Un informe posterior del defensor del pueblo confirmó las graves violaciones a los derechos humanos y provocó que la secretaría de la Defensa encarcelara a siete soldados por violaciones a las leyes militares.
