Junto a Hurtado, la Corte sentenció a ocho años de reclusión a Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante parte del Gobierno Uribe, también involucrado en la misma trama.
La exdirectora del DAS deberá cumplir su pena en un centro carcelario, si bien Moreno podrá pagar su condena bajo arresto domiciliario, una decisión tomada porque asistió a todas las audiencias.
Por su parte, Hurtado no podrá acceder a ese beneficio ya que en el 2010 salió de ese país y obtuvo asilo político en Panamá, beneficio que le fue cancelado el año pasado, con lo cual se convirtió en prófuga de la justicia colombiana.
Hurtado, que fue expulsada de Panamá el 31 de enero recién pasado, fue condenada por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir y abuso de función pública.
Moreno, en tanto, fue condenado por concierto para delinquir, varios delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y de autoridad por actos arbitrarios e injustos.
La Procuraduría (Ministerio Público) había solicitado prisión domiciliaria para Moreno al considerar que no representa un peligro para la sociedad.
-Niega responsabilidad-
Uribe, actual senador de la República, ha negado cualquier responsabilidad suya en las mencionadas labores de espionaje y ha dicho que si éstas existieron fueron cometidas por funcionarios corruptos de la policía secreta.
También Uribe ha defendido la probidad de Moreno y Hurtado y ha dicho que su gobierno es víctima de una campaña de desprestigio por parte de sus adversarios, sobre todo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Desde que la revista bogotana Semana denunció en febrero del 2009 los hechos sobre interceptaciones y seguimientos ilegales a los opositores de Uribe, la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de exdetectives de la policía secreta, institución que dependía de la Presidencia y que fue cerrada en octubre del 2011 por el gobierno de Santos como consecuencia del escándalo.
