La abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que apelarán la sentencia, debido a que las supuestas armas que encontraron el día de los hechos en la universidad no funcionaban, pues no tenían aguja percutora, lo que siembra la duda.
Además, “los nueve acusados son estudiantes, pero fueron tratados por el fiscal con términos peyorativos diciéndoles que eran vagos, que eran delincuentes”, dijo la abogada, citada por el diario La Prensa.
Los universitarios, que fueron capturados el 20 de julio en una casa de seguridad en Managua, sabrán su condena en las próximas dos semanas, conforme lo establece la legislación de Nicaragua.
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El proceso contra los estudiantes se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 552 y 558 “presos políticos” tras manifestaciones contra Ortega, entre los que se incluyen los 9 universitarios, además de 325 a 528 muertos, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 273 reos, que considera “terrorista” y “golpistas”, así como 199 víctimas.
El delito de terrorismo en Nicaragua podría castigarse hasta con 20 años de cárcel.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no acepta responsabilidad y se ha declarado “victorioso” de un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
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