Ahora “5.700 guerrilleros comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas. Ellos gozarán de este beneficio que trae la paz”, dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, citado en un comunicado de su despacho.
El congresista sostuvo que esta ley excluye de sus beneficios a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Más temprano, con 121 escaños a favor y cero en contra, la cámara baja había dado el visto bueno al proyecto, cuyo trámite se realizó en sesiones extraordinarias a través de un mecanismo de vía rápida (“fast track”) que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz, firmado en noviembre pasado.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció en la plenaria de la Cámara de Representantes a los partidos que apoyaron la validación.
“Ustedes hoy con esta decisión han dado el impulso definitivo para el desarme y la desmovilización de la guerrilla de las FARC”, indicó.
El Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, se opuso en ambos recintos a la normativa y se abstuvo de votar.
Según la ley, esta iniciativa también permitirá adoptar tratamientos penales especiales para civiles y agentes estatales que hayan sido “condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
Entre febrero y marzo se espera que 1.200 miembros de la fuerza pública, que hayan pagado cinco años de prisión y renuncien a la persecución penal, obtengan libertad provisional a la espera de que los tribunales de paz creados por el acuerdo les definan la pena, explicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en la plenaria del Senado.
La ley de amnistía pasará a revisión de la Corte Constitucional y, de recibir su aval, será sancionada por el presidente Juan Manuel Santos para que entre en vigor.
