La Fiscalía General del estado de Washington informó este domingo, en su cuenta de Twitter, de esta decisión judicial contra el recurso presentado por Trump.
La decisión deja por el momento en vigor la orden del juez federal James Robart, quien bloqueó el viernes último la aplicación del decreto de Trump con efecto inmediato sobre todo el país, lo que ha obligado al Gobierno a restaurar miles de visados y ha abierto de nuevo las puertas a millones de inmigrantes y refugiados.
El Gobierno de Trump comenzó este sábado un proceso de apelación de la decisión del juez Robart, y pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), que restaurara inmediatamente el veto migratorio bloqueado por el tribunal inferior.
La Corte negó esa solicitud, pero pidió a los demandantes en el caso -los estados de Washington y Minesota, contrarios al veto migratorio- que le presenten argumentos a favor de su posición y al gobierno de Trump que haga lo mismo.
Según expertos legales, es probable que la batalla acabe relativamente pronto en el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, pueden seguir llegando al país los refugiados de todo el mundo, que estaban vetados durante 120 días bajo la orden de Trump, y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen), prohibidos durante 90 días de acuerdo con el decreto publicado el 27 de enero.
Singular batalla
La batalla contra el veto migratorio de Trump la comenzaron dos estados de EE. UU., los de Washington y Minesota, que argumentaron que el decreto era anticonstitucional porque provocaba discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.
El juez Robart decidió el viernes bloquear el veto migratorio, al asegurar que las “circunstancias presentadas” ante él requerían una “intervención para cumplir con el papel constitucional” de la rama judicial, una de las tres que componen el Gobierno.
La noche del sábado, Trump y su gabinete apelaron la decisión del juez ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito y pidieron restaurar el veto.
El argumento del Gobierno consiste en que cuestionar judicialmente la decisión del presidente “constituiría una intrusión impermisible en la autoridad plena de la rama política (Ejecutiva) sobre la política exterior, la seguridad nacional y la inmigración”, en palabras del procurador general en funciones, Noel Francisco.
Si el caso llegara al Supremo, lo encontrará dividido entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista, dado que el Senado aún no ha aprobado a un noveno magistrado que podría ser crucial para deshacer un posible empate en un caso de alto perfil como este.
