Estas acciones “probablemente violaron la Constitución de Estados Unidos de múltiples maneras“, afirmó un juez federal de Maryland, cerca de Washington.
“Privaron a los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de su autoridad constitucional para decidir si, cuándo y cómo se debe cerrar un organismo creado por el Congreso“, afirma el dictamen.
Veintiseis antiguos empleados de USAID y otros actuales que contestan la autoridad de Elon Musk sobre la agencia federal pidieron la intervención de la justicia.
El juez ordenó a la comisión de eficiencia gubernamental de Musk que restablezca el acceso a los correos electrónicos, pagos y sistemas electrónicos de todo el personal de USAID.
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