Cual estrella de rock ingresó a los tribunales por una puerta trasera, donde decenas de empleados se acercaron a retratarla con celulares, antes de comparecer ante el juez federal Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires.
“Aguante morocha”, “Cristina es del pueblo, y no la toca nadie”, gritaban fanáticos sin pasar por alto el canto “Vamos a volver”.
“Hemos venido a acompañarla. Creemos que su citación está muy contaminada de intereses políticos cruzados”, dijo a The Associated Press Luis D’Elía, titular del Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), afín a la exmandataria (2007-2015). El dirigente no consideró probable que Fernández quede detenida y anticipó una gran movilización popular a su favor en caso de que ello ocurriera.
La exmandataria es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner preso por supuesto enriquecimiento ilícito.
En una improvisada rueda de prensa al salir del tribunal, la expresidenta dijo que pidió por escrito que se anule la causa, una de las tantas que impulsó la justicia en Argentina en su contra desde que dejó en diciembre pasado el gobierno (2007-2015).
Los abogados de Fernández explicaron que en la audiencia no respondió a ninguna de las preguntas del juez Ercolini.
Este caso volvió a poner a Fernández en el tapete de la actualidad argentina, donde es amada y odiada con idéntica pasión.
En un acto judicial casi simultáneo, en Rio Gallegos, bastión de los Kirchner en la Patagonia argentina, se tasaron varias propiedades -departamentos, casas y un terreno- que figuran a nombre de la firma Los Sauces S.A., una sociedad comercial que mantiene la expresidenta con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
“Para los fiscales, el gobierno (de ella) fue una asociación ilícita”, acusó con ironía la exmandataria y aseguró que no decidió sobre las obras públicas durante su mandato.
La comparecencia de Kirchner a los tribunales, fue acompañada por un fuerte operativo policial. “Parece que va Pablo Escobar a Comodoro Py”, ironizó el abogado de la expresidenta Gregorio Dalbón.
Al retirarse en automóvil se registraron algunos cruces entre policías y sus simpatizantes, que se abalanzaron para poder tocarla.
Varios de los exministros de su gabinete la esperaron en las afueras en señal de respaldo y reiterar que para ellos todo el asunto no es más que una estrategia de distracción del gobierno.
Como Lula
La exmandataria aseguró que la causa es una “persecución política” del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre pasado.
Y la expresidenta, viuda de Néstor Kirchner (2003-2007), enfatizó una vez más que está en las antípodas políticas de Macri.
Con su fallecido esposo lideraron durante 12 años un proyecto político con fuerte acento en ayudas sociales, incentivos al consumo interno y proteccionismo de la industria nacional.
“Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforma un poder ejecutivo elegido en elecciones libres”, indicó Fernández de Kirchner.
Se trata, dijo, de una “una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático que no es original, la vemos también en Brasil, con el expresidente Lula”, dijo en referencia al histórico líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio Da Silva.
“Queremos que se investigue a fondo y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro gobierno”, destacó.
Al ser consultado por este hecho, Macri dijo que “nunca más las obras (públicas) sean sinónimo de corrupción”.
“Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad”, apuntó durante un acto en Buenos Aires.
Según la acusación de los fiscales, tanto la exmandataria como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros exfuncionarios una “organización criminal” para favorecer al empresario Lázaro Báez, quien devolvía los supuestos favores mediante el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz (sur).
