- Reforma rural integral
Buscaba la transformación rural para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. El Gobierno crearía un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras dispondría de tres millones de hectáreas durante sus primeros 10 años. Se pondrían a disposición de los beneficiarios de dicho fondo planes de vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos, proyectos productivos, de comercialización y acceso a medios de producción. Incluía un programa de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural.
- Participación de los ex guerrilleros en política
Buscaba ampliar el sistema democrático para permitir que surgieran nuevas fuerzas políticas, con garantías para la oposición. Se pondría en marcha un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. El Gobierno crearía en las zonas más afectadas por el conflicto 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de 16 miembros de la Cámara de Representantes, de manera temporal y por dos periodos electorales. Tras la firma del acuerdo y luego de la deposición de las armas, las FARC podrían tener un mínimo de cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
- Alto el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
Incluía el cese de las acciones ofensivas y el compromiso de las FARC de abandonar su lucha armada. Este punto también incluía garantías de seguridad para los ex guerrilleros y un compromiso del Estado para luchar contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y políticos. Las FARC se comprometían a concentrarse en 27 sectores específicos y a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas en un proceso por fases que terminaría 180 días después de la firma del acuerdo. Cada uno de los miembros de las FARC recibiría durante 24 meses, a partir de 180 días después de la firma del acuerdo de paz, una renta básica mensual equivalente al 90 por ciento del salario mínimo legal (unos 213 dólares). Después de eso recibirían, por una sola vez, una asignación de dos millones de pesos (unos 684 dólares).
- Solución al problema de las drogas ilícitas
Buscaba una nueva visión que dé un tratamiento distinto al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad asociada al narcotráfico, con enfoques de salud pública y de derechos humanos. Incluía programas de sustitución de cultivos ilícitos, planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas.
- Víctimas
Buscaba el resarcimiento de las personas afectadas por el conflicto armado. Este punto creaba el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuiría a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permitieran la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyeran al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación del daño causado. Formarían parte de este sistema la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz.
- Mecanismos de implementación y verificación
En este punto se creaba una Comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo de paz y de resolución de diferencias, integrada por representantes del Gobierno y de las FARC. También creaba un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional ayudase a garantizar la implementación del acuerdo y en materia de verificación se ponía en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso tuvieron el papel de garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Chile y Venezuela) y dos vocerías internacionales.
