Las políticas de las denominadas ciudades santuario han convertido a algunas urbes y estados en los siguientes objetivos de las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que estas disposiciones impiden a las autoridades migratorias ingresar a dichos territorios, según informó The Guardian.

Aunque no existe una definición oficial, la organización Vera describe a las ciudades o estados santuario como jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales, dando prioridad a la actuación de los cuerpos locales de seguridad. La Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que los poderes no delegados expresamente al Gobierno federal se reservan a las autoridades locales y al pueblo, lo que equilibra el poder central.

The Guardian reportó que, en junio, la administración Trump presentó un recurso legal para invalidar la ordenanza de ciudad santuario de Los Ángeles, al considerar que obstaculiza las redadas migratorias. Durante el verano, el Departamento de Justicia envió cartas a 13 estados santuario y a 22 ciudades adicionales. En ellas, advirtió a los líderes locales y estatales que podrían enfrentar procesos judiciales o perder fondos federales por “socavar” el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Aunque Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite al Gobierno federal recortar los fondos a estas jurisdicciones, en agosto un juez federal le prohibió aplicar esa medida.

El 5 de agosto, el Departamento de Justicia publicó la lista de estados y ciudades santuario. Los estados vinculados son:

• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Distrito de Columbia
• Illinois
• Minnesota
• Nevada
• Nueva York
• Oregón
• Rhode Island
• Vermont
• Washington

La administración Trump también está intentando entrar en las siguientes ciudades santuario:

• Nuevo México: Albuquerque
• California: Berkeley, Los Ángeles, San Francisco
• Massachusetts: Boston
• Illinois: Chicago
• Colorado: Denver
• Michigan: East Lansing
• Nueva Jersey: Hoboken, Jersey City, Newark, Paterson
• Nueva York: Ciudad de Nueva York, Rochester
• Pensilvania: Philadelphia
• Oregón: Portland
• Washington: Seattle
• Luisiana: Nueva Orleans

El caso de Boston, Chicago y Minnesota

En línea con sus esfuerzos por eliminar estas jurisdicciones, la administración Trump demandó a la ciudad de Boston el jueves 4 de septiembre. Además de la acción legal contra la localidad, el documento judicial señala directamente a la alcaldesa Michelle Wu y al comisionado de Policía, Michael Cox, informó El País. La Ley de Confianza de Boston, promulgada en 2014, no obliga a las autoridades locales a acatar solicitudes federales para detener a inmigrantes civiles.

Otro caso significativo fue la demanda contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago. La administración Trump intentó eliminar la ordenanza de santuario estatal, pero el caso fue desestimado por un juez, quien argumentó que la Décima Enmienda lo permite, según El País. Además de los procesos judiciales, el Gobierno federal intentó retener fondos federales dirigidos a la ciudad.

La situación más reciente ocurrió el lunes 29 de septiembre, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado de Minnesota. En un comunicado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que las autoridades locales están poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos al impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) capturen a los “extranjeros ilegales”. Según ABC News, el Gobierno solicitó a un tribunal federal que invalide las políticas locales y estatales de Minnesota, al considerar que bloquean las medidas contra la inmigración irregular.