La ejecución por inyección letal, en su formulación actual, fue presentada públicamente el 11 de mayo de 1977 por un médico norteamericano del estado de Oklahoma, Jay Chapman, como una alternativa más “humana” a otro tipo de ejecuciones, como la electrocución o el ahorcamiento, y hoy en día es la forma más habitual de ejecución en Estados Unidos.
De las 22 ejecuciones judiciales acontecidas durante 2019 en este país, 20 lo fueron por inyección letal. El primer estado que la aplicó fue Texas, en 1982. Además, se aplica en otros países, fundamentalmente la República Popular China, aunque el protocolo aplicado no es público.
La combinación de tres fármacos letales
Los protocolos convencionales de ejecución por inyección letal suelen contemplar la administración consecutiva de tres fármacos con potencialidad letal por sí mismos; con esta combinación se pretende inducir anestesia primero y luego la muerte por parada cardiorrespiratoria.
Habitualmente, los protocolos contemplan la toma de dos vías, una en cada brazo, y la administración de los fármacos, de forma independiente, en una de ellas, reservando la segunda para el hipotético caso de que surgiesen problemas.
La cánula para la administración de los fármacos es aplicada por un técnico o funcionario de prisiones entrenado para esta función (nunca por un médico) y otro funcionario prepara en una habitación adyacente la bomba de infusión para la administración de las drogas.
Primero se administra el tiopental sódico (3-5 gr.), con el objeto de inducir la anestesia y, por ende, la pérdida de conciencia, después el bromuro de pancuronio (40-100 mg), que ocasiona una parálisis de la musculatura del aparato respiratorio, y finalmente el cloruro potásico (100-160 mEq), que da lugar a una parada cardiaca.
La bomba de infusión a través de la cual se administran estos fármacos es activada por un funcionario o por un ciudadano privado, y automática y secuencialmente son aplicadas las drogas. Habitualmente, la muerte tiene lugar entre siete y diez minutos tras la finalización de la administración de las drogas, y tiene que ser certificada por un profesional médico.
Médicos ausentes de las ejecuciones
La Asociación Médica Americana establece, desde la perspectiva ética, que ningún médico debe participar en las ejecuciones, en ninguna manera, salvo en la certificación de la muerte del recluso. Sin embargo, se trata de recomendaciones profesionales que no vinculan a los facultativos. De hecho, en algunos estados, como Missouri y Georgia, algunos médicos han participado voluntariamente en ejecuciones judiciales.
¿Cuáles son los efectos farmacológicos de los tres compuestos integrantes de la inyección letal?
- Tiopental sódico: El tiopental es un clásico barbitúrico de acción ultra-corta, conocido vulgarmente como “suero de la verdad” por su efecto desinhibidor, que se emplea fundamentalmente como inductor anestésico, ocasionando la pérdida de conciencia hasta en 30 segundos tras su administración intravenosa. Pero hay que tener presente que puede potenciar el efecto depresor central de los opiáceos y del alcohol, sustancias habitualmente consumidas en las prisiones.Además, el pancuronio puede diluir el tiopental, reduciendo sus efectos. Finalmente, existe una gran variabilidad interindividual en el metabolismo y la sensibilidad a los barbitúricos, por lo que sus efectos pueden ser insuficientes para algunos sujetos, independientemente de que se les apliquen sobredosis, como en el caso de la inyección letal.
- Bromuro de pancuronio: este fármaco es un bloqueante neuromuscular competitivo, que antagoniza la acción de la acetilcolina en la placa motora de la unión neuromuscular, impidiendo la contracción de las fibras musculares, siendo muy utilizado en anestesia quirúrgica como relajante muscular para intubación endotraqueal. En sobredosis, como los 100 mg en el caso de la inyección letal, la parálisis muscular tiene lugar entre 15-30 segundos.En algunos estados norteamericanos, como Florida, se ofrece al condenado la posibilidad de tomar diazepam (Valium) como tranquilizante horas previas a la ejecución y esta sustancia puede modificar los efectos del pancuronio. Algo muy similar ocurre con el tabaco, consumido ampliamente en población reclusa, lo que requeriría un ajuste de la dosis del bloqueante. Con respecto a los electrolitos, el pancuronio puede incrementar la incidencia de arritmias de los mismos. Finalmente, los barbitúricos pueden potenciar los efectos del pancuronio de forma dosis dependiente, por lo que también sería preciso un ajuste de dosis.
- Cloruro potásico: la intoxicación mortal por potasio tiene lugar al interferir la actividad eléctrica del miocardio, invirtiendo el gradiente celular de este ion. Esta prolongada despolarización de las células musculares impide su normal capacidad de descarga, cesando la actividad cardiaca.Los síntomas de esta intoxicación incluyen parestesias en las extremidades, contracturas y calambres musculares, confusión mental, arritmias cardiacas, llegando a la parada cardiaca definitiva. Los efectos cardiacos y los agudos síntomas dolorosos en el lugar de la inyección son especialmente relevantes tras su administración intravascular, como es el caso que nos ocupa. También son frecuentes los vómitos, náuseas y diarrea.
Una agónica sensación de asfixia y de quemazón y dolor interno
En 2007, tuve el privilegio de participar en un ya clásico estudio con investigadores de la University of Miami Miller School of Medicine, en el que se analizaron los datos obtenidos de las historias de los reos ejecutados en los estados de Carolina del Norte y California, junto a entrevistas efectuadas a los asistentes a las ejecuciones, así como datos de experimentación animal.
En cirugía veterinaria, la aplicación de entre 1,5 y 5 gramos de tiopental puede no ser suficiente para inducir anestesia. En la práctica de la inyección letal, si la anestesia no es eficaz, el recluso experimentaría una agónica sensación de asfixia y de quemazón y dolor interno, masivos espasmos musculares y finalmente la muerte por parada cardiaca.
Los resultados de las ejecuciones, junto al variable efecto entre especies de distintas dosis de tiopental, sugieren que, en la práctica habitual de la inyección letal, el tiopental podría no ejercer un efecto fatal y ser insuficiente para inducir una anestesia quirúrgica duradera en el periodo de la ejecución. De hecho, las concentraciones plasmáticas postmortem de tiopental eran incluso inferiores a las empleadas en anestesia quirúrgica en el 88% de una muestra de 49 reclusos ejecutados en Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
A estos factores hay que sumar el hecho de que los reclusos, en esta situación, se encuentran en un estado hiperadrenérgico, con gran ansiedad y excitación, susceptible de que sea necesaria una dosis superior de tiopental. Además, el dolor (real) experimentado por los reos no sería evidente en los condenados, por la acción paralizante del pancuronio.
Por otro lado, también existían evidencias de ejecuciones en Carolina del Norte, California y Virginia que indicaban que el cloruro potásico contenido en las inyecciones letales no inducía realmente una parada cardiaca inmediata, como se había postulado previamente, sino que la muerte electrocardiográfica tenía lugar, en algunos casos, hasta nueve minutos después de la administración de este agente.
Nuestro estudio concluyó que los protocolos sobre inyección letal no causan un efecto mortal mediante los mecanismos pretendidos, lo que indica un fallo de su diseño e implementación.
Por otro lado, el hecho de que la administración del tiopental no sea efectuada por un profesional se ha asociado, en varios casos conocidos, a serios defectos de aplicación, llegando a necesitar entre 30 y 60 minutos para encontrar una vía asequible, incluso la suspensión de una ejecución en Ohio, como la del reo Romell Broom, en 2009, tras 18 intentos fallidos.
La ejecución de Ángel Nieves: una agonía de 34 minutos
Si los efectos del tiopental y del cloruro potásico son insuficientes, posiblemente algunos reos fallezcan por asfixia inducida por pancuronio (evidente incluso a los cuatro minutos de la administración de esta droga a dosis terapéuticas), y bajo la dolorosa sensación de quemazón interna ocasionada por el cloruro potásico. Esto es lo que pudo haber sucedido en el polémico caso de la ejecución en 2006 de Ángel Nieves Díaz en la prisión estatal de Florida, cuya agonía duró 34 minutos, siendo necesaria la aplicación de una segunda dosis de los fármacos.
Por tanto, la hipótesis de que la inyección letal sea un método de ejecución indoloro y pacífico es tremendamente cuestionable, y no sólo por los defectos evidentes en los sistemas de aplicación, sino también por el propio esquema farmacológico, que es potencialmente inadecuado.
La Constitución americana prohíbe los castigos crueles
La Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe expresamente los castigos crueles, y los resultados de nuestro estudio sugieren que la inyección letal posiblemente viola esta enmienda constitucional.
Gracias a este trabajo de investigación se consiguió una moratoria en la aplicación de este método de ejecución en 11 estados norteamericanos, destacando Florida. Sin embargo, finalmente todo derivó en el diseño de un nuevo método de inyección letal en el que sólo se aplica el agente barbitúrico, a lo que sin duda también ha contribuido la negativa de numerosas compañías farmacéuticas a suplir sus productos para estas prácticas.
La inyección letal no es un método “más humano”
El primer estado en aplicar el protocolo de un solo fármaco fue Ohio en 2009. Consiste en la administración de cinco gramos de tiopental sódico, y en la actualidad se ha aplicado en ocho estados norteamericanos. Sin embargo, es conocido que la sobredosis de este barbitúrico se ha asociado a un marcado efecto antianalgésico, lo que puede incrementar la agonía y el sufrimiento de los reclusos sometidos a inyección letal.
Así pues, hay que rechazar la idea de que la inyección letal sea un método “más humano” que otros procedimientos de ejecución. Es más, ya no se trata de pensar en protocolos “más humanos”, hecho éticamente reprobable también, sino de plantear abiertamente la abolición definitiva de la pena capital, como muy bien apuntaba un editorial de la revista The Lancet en relación a nuestro trabajo:
“La pena capital no solamente es una atrocidad, sino también una mancha en la reputación de la democracia más poderosa del mundo”.
Francisco López-Muñoz, Profesor Titular de Farmacología y Vicerrector de Investigación y Ciencia, Universidad Camilo José Cela
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