Los proyectos de ley que se espera que se aprueben en pocas semanas, porque los republicanos cuentan con mayoría absoluta en ambas cámaras, son parte de lo que DeSantis describe como una respuesta a la “agenda de fronteras abiertas” del presidente Joe Biden, quien según él ha permitido un flujo descontrolado de inmigrantes que cruzan a Estados Unidos desde México.
Los proyectos de ley harían que quienes acojan, contraten y transporten a inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso legal sean acusados de delitos graves; obligarían a los hospitales a preguntar a los pacientes su estatus migratorio e informar al estado; invalidarían las licencias de conducir de otros estados emitidas a inmigrantes indocumentados; impedirían que puedan ejercer la abogacía en Florida y ordenarían al Departamento de Procuración de Justicia de Florida que preste asistencia a las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias del país.
DeSantis también propuso eliminar el subsidio a la colegiatura universitaria estatal para los estudiantes en el país sin permiso legal y los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama, conocido como DACA, un programa que beneficia a quienes llegaron al país siendo menores de edad. La ley del subsidio a la colegiatura fue promulgada por su predecesor Rick Scott, quien desde 2014 es senador republicano.
Las nuevas medidas representan la legislación migratoria de mayor alcance desde 2010, cuando Arizona, un estado fronterizo que era el corredor con mayor tráfico de personas del país en aquel entonces, aprobó una ley por la cual los policías tenían que preguntar por documentos que comprobaran su estatus migratorio a la gente que detenían si tenían algún motivo para sospechar que pudieran estar en el país de manera ilegal.
“Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a la gente de Florida de lo que está pasando en la frontera y de la crisis fronteriza”, declaró DeSantis en una rueda de prensa el 23 de febrero, durante la cual dio a conocer sus propuestas y habló desde un atril adornado con las palabras “La crisis fronteriza de Biden”.
Los defensores de los nuevos proyectos de ley dicen que no se oponen a la inmigración, sino que intentan asegurarse de que los recién llegados cumplan la ley.
“Hay una manera correcta y una incorrecta de venir aquí”, dijo la senadora estatal republicana Debbie Mayfield durante una audiencia sobre uno de los proyectos de ley. “Tenemos un proceso en este país. No intentamos herir o perjudicar a la gente que está aquí legalmente”.
Los controles más estrictos a la inmigración ilegal han sido un tema clave para los republicanos, incluso entre muchos electores hispanos de las regiones fronterizas que han expresado su alarma por el gran número de cruces fronterizos no autorizados, que sumaron alrededor de 2,5 millones el año pasado. También ha habido un gran apoyo republicano al aumento de las deportaciones de quienes están en el país de manera irregular, ya que ocho de cada diez republicanos afirman que es “importante” aumentar las deportaciones, según una encuesta de los Centros de Investigación Pew del año pasado.
A principios de este año llegó a Florida una ola de inmigrantes procedentes de Cuba y Haití, que desbordó los recursos locales en los cayos de Florida y se sumó a una población de inmigrantes no autorizados en el estado, cuya cifra ronda las 800.000 personas.
Los servicios de salud para los migrantes sin papeles que viven en el estado costaron casi 313 millones de dólares durante el año fiscal 2020-2021, según cifras estatales, y DeSantis advirtió que la llegada continua de migrantes amenazaba con aumentar la delincuencia, disminuir el empleo y los salarios para los trabajadores estadounidenses, así como saturar los sistemas educativos del estado.
Pero los críticos advierten que la nueva legislación propuesta, al dirigirse a algunos residentes establecidos desde hace tiempo en el estado, sembrará el miedo, promoverá el perfilamiento racial y dañará la economía de Florida, y algunos líderes empresariales republicanos han mostrado su oposición.
El impulso legislativo va en contra de la tendencia que se observa en otras partes del país de integrar a la población de inmigrantes indocumentados, estimada en más de 10 millones de personas.
A lo largo de la última década, y en particular desde la pandemia, incluso algunos estados gobernados por republicanos han respaldado políticas públicas para proporcionarles a quienes viven en el país de manera irregular servicios médicos, acceso a educación superior, licencias para conducir y protecciones laborales.
El año pasado, los electores de Arizona se opusieron a las restricciones a la educación superior para los migrantes que están en el país sin permiso legal y adoptaron el subsidio a la colegiatura para quien asista al bachillerato en todo el estado. La Asamblea Legislativa del estado está estudiando una propuesta para ofrecer ayudas económicas a estos inmigrantes.
“Se ha producido un crecimiento constante de las políticas inclusivas en todo el país y en todo el espectro político”, afirmó Tanya Broder, abogada del National Immigration Law Center que da seguimiento a la legislación sobre inmigración.
El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, y el de Utah, Spencer Cox, ambos republicanos, hace poco exhortaron al Congreso a que aprobara una reforma integral a las leyes migratorias, citando el valor de los trabajadores extranjeros para sus estados. En marzo, Cox firmó una ley que amplía la cobertura sanitaria a todos los niños provenientes de familias de bajos ingresos en su estado, sin importar su situación migratoria.
Texas va en dirección opuesta, al menos en la frontera. Los legisladores republicanos estatales han propuesto una expansión importante al programa de control migratorio impulsado por el gobernador Greg Abbott, quien, al igual que DeSantis, es republicano.
El proyecto de ley presentado en marzo pide que el estado asuma parte de la autoridad que ahora ejerce el gobierno federal, con la creación de una fuerza policial fronteriza y la tipificación como delito estatal, castigado con hasta 10 años de prisión, del cruce ilegal de la frontera con Texas.
Texas ya desplegó a elementos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera y, junto con Arizona, trasladó en autobús a los migrantes recién llegados a ciudades de todo el país.
Ambos gobernadores republicanos han acusado a Biden de no tener control sobre la situación.
“Mientras Biden siga ignorando sus responsabilidades jurídicas, intervendremos para apoyar a nuestras comunidades”, dijo DeSantis en enero.
El año pasado, el gobernador de Florida contrató dos aviones privados para transportar a inmigrantes venezolanos desprevenidos desde Texas hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts, lo que provocó indignación y demandas judiciales. En enero, declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional cuando las embarcaciones que transportaban a migrantes cubanos y haitianos atracaron en los cayos de Florida ese mes y en febrero.
Ni el estado ni el gobierno federal disponen de datos sobre cuántos migrantes llegaron a Florida durante la última ola fronteriza del año pasado, pero hay indicios de que el estado se ha visto muy afectado.
Al 31 de marzo, los tribunales migratorios de Florida tenían 296.833 casos pendientes, más que ningún otro estado, superando los 187.179 de Nueva York y los 184.867 de Texas.
Conforme a los proyectos de ley propuestos, se podría acusar a una persona de cometer un delito grave de tercer grado por transportar, ocultar o albergar a sabiendas a inmigrantes en el país ilegalmente, lo cual se castiga con hasta cinco años de prisión. Aunque los promotores han dicho que la legislación no pretende atacar a los floridanos comunes en su vida cotidiana, los analistas jurídicos afirman que sus posibles aplicaciones son amplias: un adulto estadounidense hijo de un inmigrante en el país sin permiso legal que lleve en coche a uno de sus padres, un abogado que lleve a un cliente al juzgado o alguien que conduzca un equipo deportivo que tuviera un jugador sin estatus legal estadounidense podrían exponerse a cargos penales.
De igual modo, las leyes podrían aplicar a los arrendatarios que renten una propiedad a una familia que se encuentre en el país ilegalmente o a alguien que tenga viviendo en su hogar a una persona que esté en el país de manera ilegal, como una ama de llaves o un cuidador.
Los críticos consideran que hacer cumplir estas medidas podría dar paso a los perfiles raciales, ya que queda en manos de la policía determinar quién es una persona documentada y quién no.
“Estamos ante un proyecto de ley que crea una atmósfera en la que uno puede ser objeto de persecución, ya sea inmigrante, ciudadano o turista”, afirmó Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo de Hope CommUnity Center, una organización sin fines de lucro de Apopka, Florida, que ofrece a los inmigrantes una serie de servicios sociales. “No se conoce el estatus migratorio de la gente con solo mirarla”, dijo.
Más de uno de cada cinco residentes de Florida son inmigrantes y 722.000 ciudadanos estadounidenses en el estado viven en hogares con uno o más inmigrantes que no tienen permiso legal para residir en el país.
