Según los 28 diputados, entre ellos 16 propietarios y 12 suplentes, la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), avalada por la directiva parlamentaria, demuestra “desprecio por el voto ciudadano” que los eligió y destruye “la ya debilitada democracia representativa en Nicaragua al cerrar el último espacio institucional para la oposición”.
“La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”, señalaron.
Los diputados destituidos denunciaron que con esa decisión se rompió el principio de independencia y equilibrio de los poderes del Estado, el pluralismo político en el Parlamento, y que se confirman intenciones de Ortega de querer imponer un sistema de partido único en Nicaragua.
Además, consideraron “particularmente grave” que ese hecho ocurra a tres meses de las elecciones presidenciales, porque, indicaron, tiene “un claro propósito intimidatorio a los ciudadanos que adversan al régimen” sandinista.
Asimismo, instaron a la comunidad internacional a abordar con urgencia la situación de la democracia y el Estado de Derecho de Nicaragua, y adoptar acciones orientadas a la restitución de elecciones libres y participativas, y la inmediata restitución de los legisladores removidos de sus cargos.
La Junta Directiva del Parlamento acordó este viernes destituir a 28 diputados opositores pese a que se habían declarado independientes para tratar de evitarlo.
Los diputados, entre ellos el coordinador de la principal agrupación opositora, la Coalición Nacional por la Democracia, Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del CSE, que fue acatada el viernes.
Los 28 diputados, de los cuales 16 son principales y 12 suplentes, pertenecían al Partido Liberal Independiente (PLI) hasta mayo pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la representación legal de este partido a Montealegre y se la dio a Pedro Reyes, considerado por la oposición un colaboracionista del Gobierno y cuya actividad política era casi nula.
Reyes reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido, de acuerdo con la resolución.
Para evitar su salida ante la solicitud de Reyes, los congresistas en cuestión se declararon independientes.
Tanto el Poder Electoral como los legisladores sandinistas en la Junta Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados.
Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó 24 de los 91 diputados propietarios de la Asamblea Nacional en noviembre de 2011, donde eran la segunda fuerza política después del oficialismo.
La situación se da a menos de tres meses de las elecciones generales del 6 de noviembre, en las que el presidente Ortega buscará una nueva reelección, sin la participación de la coalición que lideraba el PLI, que decidió retirarse tras el dictamen de la CSJ.
