De acuerdo con Cotto, en el lugar “tenemos desplegado un fuerte contingente” agentes de la Policía y el Ejército para tratar de garantizar el retorno de los desplazados.
Estas familias son parte de un total de 65 que escaparon de sus hogares la semana anterior, en Caluco y en el municipio de Panchimalco, por temor a las intimidaciones de pandilleros.
Por su parte el ministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, señaló que “desde el primer momento” que se tuvo “conocimiento de las amenazas”, la Policía “tomó acción al respecto”.
Los delitos por los que serán procesados los detenidos son “limitación a la libertad de circulación”, organizaciones terroristas y extorsión.
En Caluco se ha instalado un campamento en el que se encuentran refugiadas unas 12 familias, una situación que no se repetía desde el fin de la guerra civil (1980-1992).
Diferentes organizaciones sociales han criticado al Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén por no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado y señalan que el único ente estatal que registra los hechos es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
No obstante, Cotto disminuyó la importancia de este tema y dijo el viernes que estos éxodos han sido sobredimensionados a niveles que “no corresponden a la realidad”.
Un estudio publicado a inicios de agosto por la PDDH da cuenta de que esta institución recibió, entre el 2014 y el primer trimestre del 2016, un total 236 casos que acumulan 427 víctimas.
En el 86.6% de las ocasiones los desplazamientos fueron propiciados por las “amenazas, homicidio de un familiar o reclutamiento forzoso” de las pandillas.
El número de personas que ha tenido que huir de sus hogares en El Salvador, Guatemala y Honduras se multiplicó por cinco entre el 2012 y el 2015, hasta 109 mil 800 personas, alertó en junio pasado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
