La noche del pasado 27 de marzo se suscitó un incendio en una estancia migratoria en estado de Chihuahua, por el que se reportó la muerte de 40 migrantes por intoxicación y 28 lesionados más. Entre los fallecidos hay 19 guatemaltecos.
El delegado INM en Chihuahua había promovido un amparo el pasado 12 de abril; sin embargo, uno de los delitos que se le imputan conlleva, por ley, la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución mexicana.
Hace dos días, por este mismo hecho en Ciudad Juárez, un juez mexicano dictó prisión preventiva oficiosa en contra de tres funcionarios del INM, con lo que la lista de implicados en este incendio asciende a siete.
Las detenciones fueron solicitadas ante un juez de control mexicano por la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la FGR.
Por este mismo suceso, la FGR de México informó que también procederá penalmente en contra del titular del INM a nivel nacional, Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.
Ambos funcionarios han sido citados a comparecer el próximo 21 de abril en la audiencia inicial en el que se mencionarán las acusaciones que los relacionan con el incendio por el que fallecieron 40 migrantes en Ciudad Juárez.
Negligencia
La FGR señalara que ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Sobre los migrantes, el Gobierno de Chihuahua, a través de la de la Coordinadora de las Oficialías del Registro Civil de Ciudad Juárez, ha informado que su proceso de repatriación concluyó ayer, con la entrega de las actas de defunción de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria provisional.
De acuerdo con las autoridades estatales mexicanas los trámites se realizaron entre el 4 y el 14 de abril pasados, mientras se precisó que las autoridades venezolanas fueron las últimas en reclamar e identificar a sus connacionales.
Según el recuento de las autoridades mexicanas fueron 19 guatemaltecos, siete venezolanos, ocho salvadoreños, seis hondureños y una persona colombiana los que murieron intoxicados tras el incidente del pasado 27 de marzo.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
