Después de detener y procesar por homicidio la semana pasada a siete exmilitares, Carroza ordenó este lunes la detención de otros cinco exoficiales y exsuboiciales del Ejército, miembros de las patrullas militares que detuvieron, golpearon, rociaron con gasolina y luego quemaron vivos a Rojas y Quintana, el 2 de julio de 1986.
Gravemente heridos, ambos jóvenes fueron luego abandonados en las afueras de Santiago.
Rodrigo Rojas, que había regresado hacía poco a Chile tras vivir en Estados Unidos con su madre exiliada por la dictadura, murió después de cuatro días de agonía. Carmen Gloria, quien actualmente vive en Canadá, se recuperó tras resultar con más del 60% del cuerpo quemado.
“Todos (los militares detenidos) han prestado sus declaraciones. Algunos han ratificado y otros han rectificado sus declaraciones anteriores. Todos quedan detenidos y mañana (martes) van a ser las diligencias de careos con las otras personas detenidas“, dijo el juez Carroza a periodistas.
– “Basta de silencio” –
Transcurridas casi tres décadas, el caso sólo logró avanzar judicialmente después de la confesión de uno de los conscriptos que participó del hecho, y quien denunció ante el juez amenazas para mantenerse en silencio.
Si bien Carmen Gloria vivió para relatar el episodio, la justicia nunca había podido acreditar la participación concertada de los militares por un supuesto “pacto de silencio.” La versión oficial indicaba que los jóvenes se habían quemado por el estallido de una bomba incendiaria que portaban.
“El Ejército tiene mucha información que no ha entregado y tiene una deuda con el Estado. Es el momento de asumir su responsabilidad como institución“, dijo Carmen Gloria Quintana, entrevistada por la televisora Chilevisión la noche del domingo.
“Yo quiero justicia, nada más y nada menos que justicia. Condenar a las personas que fueron los autores materiales y a los intelectuales“, agregó.
A su llamado, se sumó este lunes el de la presidenta Michelle Bachelet, torturada por la dictadura y cuyo padre murió en 1974 víctima de las golpizas propinadas por agentes del régimen de Pinochet.
“Hay personas que saben la verdad de muchos casos que permanecen sin resolver y Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y que ayuden a reparar tanto dolor“, dijo Bachelet en un acto público. “Basta de silencio“, agregó la mandataria.
En una rueda de prensa este lunes, Carmen Gloria Quintana, desafió al Ejército a entregar toda la información sobre el caso: “este es el momento de terminar con la impunidad, de abrir los caminos a la verdad y a la justicia“, dijo Quintana, afirmando que en el seno del Ejército “existe aún una política institucionalizada del encubrimiento de la mentira y del horror.”
“Yo llamo a que esto se termine y que las Fuerzas Armadas respondan, que haya fin a esta política sistemática de mentira institucionaliza respecto a los crímenes de lesa humanidad“, agregó.
Por su parte, el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, le pidió perdón públicamente a Quintana: “a nombre del Estado de Chile, a nombre de miles de chilenos, más allá de que estuvimos en contra de la dictadura, tenemos que pedirle perdón.”
Los nuevos militares aprehendidos corresponden a otra de las patrullas militares que participaron de la detención de los jóvenes, comandada por el capitán retirado del Ejército Pedro Fernández Dittus, quien en la década de los noventa había sido condenado por este caso pero por negligencia.
Junto con él, fueron detenidos Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco.
En tanto, el viernes fueron procesados como autores los exoficiales en retiro Julio Castañer, sindicado como quien prendió fuego a los jóvenes, e Iván Figueroa, y los exsuboficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Nelson Medina y Jorge Astengo, mientras que Sergio Hernández fue acusado como cómplice.
