La masacre de la que se lo acusa tuvo lugar en agosto de 2010 en la localidad de San Fernando y fue una de las más sangrientas de las que existe registro en ese país.
En esa ocasión 72 migrantes centroamericanos aparecieron asesinados a tiros en un galpón.
El único superviviente contó que el motivo del crimen masivo fue que se negaron a formar parte de los Zetas, una organización criminal que trafica desde drogas hasta personas, pasando por armas y petróleo.
La masacre de San Fernando no fue un hecho aislado. Miles de migrantes centroamericanos han muerto en su camino hacia Estados Unidos.
Muchos han sido víctimas de secuestros extorsivos por parte de organizaciones criminales como los Zetas que los encierran y exigen dinero a sus familias a cambio de no asesinarlos.
Los Zetas, una agrupación creada por antiguos militares de élite, compiten por el control de los negocios ilegales con el cartel del Golfo, una organización rival de la que fueron brazo armado y se escindieron.
Se ha informado también que los Zetas han detenido autobuses que transportan migrantes y trabajadores desde el sur de México y, ante la sospecha de que entre ellos podrían infiltrarse refuerzos para el cártel rival, los obligaban a descender y los forzaban a luchar entre ellos hasta la muerte.
Entre abril y mayo del 2011 aparecieron 193 cuerpos en 47 fosas clandestinas en San Fernando y en mayo del 2012 aparecieron 49 en Cadereyta, en el vecino estado de Nuevo León.
Muchas veces en México las organizaciones criminales se benefician de la cooperación de autoridades corruptas.
Según la fiscalía mexicana la policía municipal de San Fernando estuvo involucrada en la matanza deteniendo a los migrantes y entregándolos a los Zetas. La Procuraduría General de la República junto con la Fundación para la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense y otras organizaciones firmaron en septiembre del 2013 un convenio para identificar y buscar la causa de muerte de los 314 migrantes asesinados en el norte de México en las tres masacres mencionadas.
En mayo del 2014 cerca de 200 restos permanecían sin identificar y las organizaciones civiles acumulaban denuncias contra la actuación de las autoridades que en ocasiones erraron en las identificaciones y entregaron cuerpos confundidos e incluso no evitaron que algunos cadáveres fueran incinerados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe presentado en agosto del 2014, dijo que la respuesta del Estado mexicano ante estas atrocidades “osciló entre la indiferencia y la opacidad” .
