La grave crisis que sacude a Haití desde septiembre pasado ha colocado en riesgo de muerte por inanición a los más de 11 mil reclusos que hay en el país caribeño, según un informe difundido este miércoles por la no gubernamental Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
DEUTSCHE WELLE
Hambre amenaza la vida de 11 mil reos en Haití, advierte ONG
Desde el 16 de septiembre pasado, las reservas de alimentos se han renovado solo por dos o tres días en tres prisiones de Puerto Príncipe, Croix-des-Bouquets y Cabaret.
Un prisionero haitiano en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. (Foto de archivo tomada en febrero 2017)
“Durante más de cuatro meses, la Dirección de Administración Penitenciaria (DAP) ya había tenido dificultades para renovar las reservas de alimentos en algunas cárceles”, revela el estudio sobre la situación de 17 centros de detención y tres comisarías convertidas en cárceles.
“Los botiquines de higiene y los de limpieza no se renuevan. Como resultado, las prisiones son insalubres y nauseabundas. Las existencias de medicamentos tampoco se renuevan”, indicó la RNDDH.
“El gas propano se agota, el carbón y la leña se utilizan para cocinar los alimentos. Muchas cárceles no cuentan con suministro regular de agua”, precisó el informe.
La población carcelaria haitiana se estima en 11 mil 529 personas, de las cuales 8 mil 578 (74.41%) están a la espera de juicio y 2 mil 951 (25.59 %) han sido condenadas.
Comercio y transporte paralizados por las protestas
En Puerto Príncipe, como en algunas capitales de provincia, las actividades comerciales, educativas y de servicios se han paralizado durante no menos de siete semanas de movilización popular.
Las manifestaciones comenzaron por la escasez de combustible en un país asolado por la corrupción, las desigualdades sociales, la inflación y la devaluación de la moneda nacional, pero han continuado aunque el carburante ha vuelto a las gasolineras.
Mientras la protesta popular continúa exigiendo la renuncia del mandatario Jovenel Moïse, sindicatos y organizaciones de empleadores rechazaron el aumento del salario mínimo que anunció el gobierno este miércoles por considerarlo “una miseria para los trabajadores”.
El decreto presidencial aumentó el ingreso en casi un 20% y fijó la retribución de los trabajadores de la industria manufacturera en 500 gourdes (5.13 dólares) por jornada laboral de ocho horas.
