La decisión del juez Richard Concepción se produjo la noche del viernes último, tras aceptar el pedido del fiscal Germán Juárez de comparencia restringida para Humala, que gobernó durante cinco años hasta el pasado 28 de julio.
Humala no podrá variar de domicilio y deberá pagar una caución de unos US$15 mil como garantía de que acudirá a todas las citaciones y no se ausentará del país mientras dure el proceso, en el que también es investigada su esposa Nadine Heredia.
La audiencia judicial del viernes duró diez horas. El exmandatario, que no acudió a la sesión, estuvo representado por su abogado Julio César Espinoza, quien apeló la decisión. El exgobernante ha negado siempre las imputaciones fiscales.
La fiscalía de lavado de activos los investiga debido al uso de US$1.5 millones supuestamente enviados desde Venezuela y Brasil para sus campañas electorales del 2006 y el 2011, que no fueron declarados.
En ambos casos Humala fue candidato por el partido Nacionalista, que fundó con su esposa.
La tesis de la fiscalía peruana es que el dinero ilegal de Venezuela habría provenido del tesoro público de ese país durante el gobierno de Hugo Chávez, en tanto que en el caso de Brasil su origen estaría en las emrpesas Odebrecht y OAS.
La justicia peruana sanciona el delito de lavado de activos con penas que varían entre 8 a 15 años de prisión.
Humala llegó al poder en julio del 2011 prometiendo colocar en un burro y pasear en plazas públicas al funcionario que fuera sorprendido en actos de corrupción.
