De Grazia informó a los periodistas de las nuevas denuncias de familiares y testigos, al dar cuenta de que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel, no se presentó hoy en Caracas ante los diputados que investigan lo sucedido y que lo habían citado.
“Nos preocupa que la primera autoridad de Bolívar no se haya sumado” a quienes colaboran con esta comisión “para esclarecer estos hechos, para revisar sus causas y lograr que no se repitan”, declaró a su vez junto a De Grazia la diputada también opositora Olivia Lozano.
De Grazia, Lozano y el diputado asimismo opositor Luis Silva revelaron las preguntas dirigidas al gobernador Rangel, quien un día después de la masacre dijo que era “absolutamente falsa” la denuncia de “personajes de la derecha” sobre las muertes de los mineros.
El gobernador anunció entonces que acusaría ante la justicia a los diputados por propalar rumores con la intención de “aterrorizar a la población”, y también los acusó de financiar su actividad política supuestamente con recursos procedentes de la minería ilegal.
Se trata de “diputados del partido opositor La Causa R que se nutren financieramente de la minería ilegal” y que “sin duda estarían siendo afectados por la política minera” del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, declaró el 5 de marzo el gobernador, afín a la gestión gubernamental.
De Grazia aseguró hoy que, aunque las autoridades venezolanas sostienen que el 4 de marzo fueron ejecutados 17 mineros y diez días después hallados sus cuerpos, los testigos insisten en que fueron 28 los cuerpos trasladados en un camión.
“Ese camión pasó por tres alcabalas (puestos militares) con los 28 cuerpos” de los mineros acribillados y “tres (agentes del cuerpo policial) CICPC participaron” en la masacre, remarcó De Grazia.
Las autoridades venezolanas, principalmente la fiscal general, Luisa Ortega, sostienen que los mineros muertos son los 17 hallados y no los 28 que fueron denunciados inicialmente.
