Estados Unidos
Trump hizo estas declaraciones el mismo día en que la Corte Suprema evalúa la validez de tres demandas que buscan bloquear la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visa temporal en el país, firmada por el mandatario en enero, tras retornar a la Casa Blanca.
“La ciudadanía por nacimiento trata de los hijos de esclavos. Como prueba concluyente, la guerra civil terminó en 1865; el proyecto de ley llegó al Congreso menos de un año después, en 1866, y se aprobó poco después. No tenía nada que ver con la migración ilegal de personas de todas partes del mundo que quieren estafar a nuestro país, algo que han hecho durante muchos años”, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.
“Por favor, explíquenle esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos“, prosigue el texto, el cual insiste en que en 1866 su país no contaba con “una afluencia masiva de personas desde toda Sudamérica y el resto del mundo”.
El presidente aseguró que “la ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía permanente de Estados Unidos, trayendo a sus familias con ellos, riéndose constantemente de lo ingenuos que somos”.
Trump afirmó además que “Estados Unidos es el único país del mundo que hace esto, y nadie sabe por qué”, pese a que más de 30 países otorgan la ciudadanía por nacimiento.
El presidente estadounidense añadió que “a los cárteles de la droga les encanta” la situación en EE. UU. y afirmó: “Somos, por ser políticamente correctos, un país estúpido, pero, en realidad, esto es exactamente lo contrario de ser políticamente correcto, y ese es otro factor que contribuye a la disfunción de Estados Unidos”.
El decreto firmado por Trump en enero fue impugnado por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron, en fallos separados, que el presidente no puede cambiar ni limitar la Constitución mediante un decreto, y ordenaron un bloqueo temporal a escala nacional mientras se resuelve el caso.
El Gobierno ha solicitado al Supremo que lo analice. Los magistrados —seis conservadores y tres liberales— se centrarán únicamente en si los tribunales inferiores tienen la autoridad para bloquear una orden presidencial a escala nacional.
La opinión del Supremo podría repercutir en decenas de demandas interpuestas contra la Administración por organizaciones en defensa de los derechos civiles y de inmigrantes, ya que sentaría un precedente que podría limitar o cimentar el alcance legal de las cortes menores en asuntos nacionales.
