“Por eso, el lunes, mi Administración presentará la versión final del Plan de Energía Limpia de EE.UU., el paso más grande y más importante que hemos tomado nunca para combatir el cambio climático”, añadió Obama en el video, que no especifica las metas de reducción de emisiones que se anunciarán mañana.
El presidente estadounidense, que anunciará la normativa en un acto en la Casa Blanca este lunes, subrayó en el video que se niega a “condenar a nuestros hijos y nietos a un planeta que ya no puede arreglarse”.
El plan, considerado la pieza clave de la agenda de Obama contra el cambio climático, enfrentará con toda certeza una notable resistencia de la oposición republicana, de la industria del carbón y de los estados más dependientes de esa fuente de energía.
Cada estado deberá elaborar planes para reducir sus emisiones con base en unas metas personalizadas que les otorgará la EPA, y tendrán dos años más de lo previsto para comenzar a avanzar hacia esas metas, de acuerdo con el Post.
Compromiso
La norma complementa el objetivo general con el que Estados Unidos se ha comprometido ante la ONU con miras a la conferencia global sobre cambio climático que se celebrará en diciembre en París.
Esa meta, formalizada en marzo, consiste en que Estados Unidos reducirá para el 2025 sus emisiones de efecto invernadero -en total, no solo las procedentes de centrales termoeléctricas- entre un 26 y un 28 por ciento respecto a los niveles de 2005.
La cumbre de París pretende cerrar un acuerdo global vinculante que evite que el calentamiento global sobrepase los dos grados centígrados con respecto a los valores preindustriales, y Estados Unidos busca con sus medidas convertirse en un referente para otros países industrializados y emergentes.
Además de combatir el cambio climático, la Administración de Obama argumenta que su nueva norma para reducir la dependencia del carbón repercutirá en facturas eléctricas más bajas para los consumidores en 2030 y en mejoras en la salud pública.
No obstante, cuando se publicó la regla preliminar el año pasado, tanto la oposición republicana como la Cámara de Comercio estadounidense argumentaron que destruiría puestos de trabajo y costaría miles de millones de dólares a la economía.
