Ben Rhodes, asesor presidencial sobre Seguridad Nacional, dijo durante una teleconferencia que el texto de la resolución ejecutiva “es completamente proforma, es el texto que usamos en órdenes ejecutivas para todo el planeta” .
“Estados Unidos no cree que Venezuela representa alguna amenaza a nuestra seguridad nacional.
Honestamente, tenemos un formato con el que elaboramos nuestras órdenes ejecutivas” , agregó durante una conferencia telefónica sobre el próximo viaje del presidente Barack Obama a Jamaica y Panamá.
Fue el primer comentario que emitió el gobierno norteamericano que contradice directamente el texto de su orden ejecutiva.
El asesor presidencial para temas hemisféricos, Ricardo Zúñiga, dijo posteriormente que para implementar la ley aprobada en diciembre por el Congreso Obama “no tenía de otra” porque la ley que le autoriza imponer tales sanciones se llama la Ley sobre Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA en inglés), pero admitió que el texto “creó cierta confusión entre nuestros socios en las Américas” .
Zúñiga evitó responder si negar que Venezuela es una amenaza a tres días de la cumbre es una respuesta a las protestas latinoamericanas y tampoco se pronunció al consultarle si los comentarios de Rhodes pudieran generar aún más confusión entre otros gobiernos.
Rhodes expresó además su expectativa de que durante la próxima Cumbre de las Américas “el gobierno venezolano exprese su oposición a ciertas políticas estadounidenses” .
Zúñiga agregó que “la situación interna en Venezuela claramente es asunto de preocupación para sus vecinos y otros países de la región” y que también están pendientes de los problemas económicos en la nación sudamericana y “el impacto potencial que puede tener no sólo para los países que se han beneficiado del subsidio petrolero venezolano Petrocaribe sino también para sus vecinos” .
Durante la cumbre un grupo de 23 exgobernantes iberoamericanos entregará al secretario general saliente de la OEA José Miguel Insulza una carta manifestando su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela.
“Esto lo hacemos para llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Venezuela con los derechos humanos” , dijo el expresidente colombiano Andrés Pastrana, uno de los firmantes de la llamada “Declaración de Panamá” .
El texto exige la inmediata liberación de los opositores venezolanos detenidos y pide a los países de la Cumbre de las Américas, la OEA y la ONU que se involucren para “construir una alternativa de solución que respete los principios constitucionales y las normas internacionales”.
Zúñiga aseguró que Obama podrá manejar con calma cualquier situación que se presente durante la cumbre, al ser consultado sobre la intención del presidente venezolano Nicolás Maduro de llevarle millones de firmas solicitando la derogación de las sanciones de Washington a los funcionarios venezolanos.
“La cumbre debe ser un momento para tener un intercambio civilizado con todos los líderes. No tenemos preocupación de hablar con cualquier participante, pero todos deberíamos pensar que debe ser un evento correcto, donde podemos tener un intercambio como debe ser” , indicó.
Rhodes y Zúñiga reiteraron que el gobierno estadounidense no busca desestabilizar al país sudamericano, cuya economía se contraerá 7% este año según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El gobierno venezolano lanzó una campaña de recolección de firmas pidiendo a Obama derogar las sanciones. Las autoridades venezolanas aseguran que la campaña denominada “Obama deroga el decreto ya” recogió alrededor de ocho millones de firmas, incluyendo las del presidente de Ecuador Rafael Correa y su canciller Ricardo Patiño. “Nosotros hemos apoyado, yo he firmado, el presidente (Correa) ha firmado, muchos ecuatorianos han firmado… está clara la voluntad de nuestros países, desde los gobiernos y también de la sociedad civil, que ese decreto no siga manteniéndose, que ese decreto pueda ser derogado lo más pronto posible” , dijo Patiño el martes.
-Latinoamérica guarda silencio-
Los líderes de América Latina, de México a Brasil pasando por Argentina, han guardado silencio frente a denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela y es poco probable que vayan a hablar en contra del país petrolero en la Cumbre de las Américas que se celebra en Panamá esta semana.
Los jefes de estado de los países latinoamericanos tienen lazos comerciales e ideológicos con Venezuela y las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de algunos de los funcionarios de ese país los ha puesto aún más a la defensiva.
Otros mandatarios no quieren ser vistos como mandaderos de Washington, especialmente si en casa enfrentan protestas o la caída de índices de popularidad.
“De manera exitosa, Venezuela ha usado la historia imperialista de Estados Unidos en su favor así como el uso de su poder, de una manera que ha hecho que todos quieran evitar criticarlos públicamente”, dijo Geoff Thale, analista del grupo de estudio Oficina de Washington para América Latina.
El mes pasado, el gobierno de Barack Obama revocó las visas y congeló los activos en Estados Unidos de siete altos funcionarios del estado venezolano acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El malestar entre la población provocó la muerte de más de 40 personas y desató una ofensiva contra los críticos que llevó a la cárcel a varios dirigentes de la oposición, incluyendo el arresto sorpresivo de alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos emitieron un comunicado el martes pidiendo a los mandatarios de los países que asistirán a la cumbre hacerle un llamado al gobierno de Maduro para que actúe frente al presunto acoso que padecen los defensores de derechos humanos en el país.
Pero las sanciones generaron el efecto contrario: en vez de generar un debate sobre los abusos, propiciaron una condena generalizada de los gobiernos de América Latina, lo que frustrará la victoria diplomática que Obama esperaba obtener en la Cumbre de las Américas por su decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con uno de los némesis de la Guerra Fría: Cuba. La referencia de que Venezuela constituía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el lenguaje burocrático utilizado para aplicar las sanciones, generó inquietudes en una región que ha lidiado con una larga historia de injerencias de Estados Unidos: desde el apoyo a regímenes militares a esfuerzos por derrocar a gobiernos de izquierda.
