Los primeros meses del 2016 tenían cara de Mr. Hyde para El Salvador: entre enero y febrero los asesinaros se incrementaron un 117.6%, respecto al mismo lapso del 2015, el más violento desde 1999 y que cerró con seis mil 657 homicidios.
Para el 6 de marzo la cifra estaba un 113.5% por encima que en la misma fecha del 2015, y tres días antes fue perpetrada por pandillas la segunda masacre con más de diez víctimas desde el 2010.
Este suceso encendió las alarmas y el Gobierno habló de estado de sitio, toque de queda, declaración de emergencia, incluso de armar a la población.
“No queda otro camino” para combatir a las pandillas que la “guerra”, y en este Gobierno “no hay espacio para diálogo” o para “treguas”, dijo el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el 7 de marzo pasado.
En abril, el país recrudeció el régimen en las cárceles que albergan pandilleros, trató de cortar toda comunicación de las prisiones con el exterior, sacó más soldados a las calles y creó una unidad elite de mil elementos para perseguir a columnas armadas de “mareros” en la zona rural.
El Gobierno apostó todas sus fichas a las “medidas extraordinarias” y el Congreso le dio 152 millones para armar a sus huestes y sellar las cárceles.
Concluido el primer semestre del 2016 y con varios meses de “medidas extraordinarias” sobre los lomos, el país acumuló tres mil 23 muertes violentas, todavía un 5.8% superior a las dos mil 874 del 2015.
No fue hasta el 9 de agosto que este país registró la primera disminución en los asesinatos desde el 2014.
A partir de esa fecha, los datos siguieron disminuyendo, hasta llegar al 19 de octubre, fecha en la que se alcanzaba la cifra de cuatro mil 431 personas asesinadas, un 17.5% menos que las cinco mil 363 muertes violentas del mismo lapso del 2015.
El promedio de asesinatos en estos 293 días se situó en 15.12 y, de continuar esta tendencia, el 2016 podría cerrar con aproximadamente cinco mil 535 muertes violentas.
Esta cifra sería unos 100 asesinatos mayor a la prometida recientemente por el director de la Policía, Howard Cotto.
Pero esta baja solo podría alcanzar para que el 2016 se lleve el título del segundo año más violento de la historia reciente salvadoreña. Desde 1999, ningún año, exceptuando al 2015, ha alcanzado los cinco mil asesinatos.
Empero, entre la ola de asesinatos y las medidas de choque gubernamentales han desnudado otros tipos de violencia: el desplazamiento forzado, la brutalidad policial, las ejecuciones extrajudiciales y la muerte de pandilleros en combates con los cuerpos de seguridad.
Trece organizaciones de la sociedad civil que abordan el problema del desplazamiento registraron entre el 2014 y agosto pasado un total de 234 casos con mil 19 víctimas, pero el Gobierno no reconoce oficialmente el fenómeno y sostiene que es un problema “puntual” y que “tampoco estamos en Afganistán”.
Estos hechos son atribuidos principalmente a la violencia de las pandillas, pero un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da cuenta de que el 6.7% de los éxodos de familias, computados entre el 2014 y el primer trimestre del 2016, fueron generados por “amenazas o acoso” de la Policía.
Por otra parte, en los primeros 5 meses del 2016 más de 500 soldados y policías fueron procesados judicialmente, principalmente por acusaciones de amenazas, lesiones y homicidio; la cifra desde el 2014 supera los tres mil agentes.
Este año han sido arrestados 11 policías por supuestamente pertenecer a grupos de exterminio o de sicarios pandilleros, seis por ejecutar a un joven después de una balacera y cinco por intentar asesinar a dos jóvenes, presuntos pandilleros.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 161 homicidios atribuidos a grupos de exterminio y 119 que pueden ser ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre el 2013 y el 2016.
Finalmente, el número de pandilleros muertos en refriegas con la Policía y el Ejército se incrementaron en más de un 9.800% en el primer semestre del 2016, en comparación con el mismo lapso del 2011.
Según las cifras policiales, entre enero y junio del 2011 los integrantes de pandillas caídos en reyertas con las autoridades fueron tres, mientras que en el mismo lapso del 2016 la cifra escaló hasta los 298, un 9.833% superior.
“Si este no es el camino correcto en este momento, en esta etapa, en esta coyuntura ¿cuál es?: este es el camino correcto”, sentenció Ortiz recientemente.
