A de atípico
Sin dictaduras militares como las del pasado en países del Cono Sur, aunque con un conflicto armado de medio siglo y la embestida del narcotráfico, las marchas multitudinarias no han sido regla en Colombia. Y mucho menos lo ha sido que se mantengan por días con miles en las calles, como ha sucedido desde el 21 de noviembre (21N).
La del jueves agrupó a cientos de miles. Según el gobierno, fueron más de 250.000 personas. Los promotores afirman que fueron más de un millón, cifra que solo tiene un antecedente reciente: la marcha contra la exguerrilla FARC en 2008 que reunió a millones.
Tampoco han sido típicos los cacerolazos, una forma de manifestar indignación ideado por la derecha en Chile para reclamar al gobierno del socialista Salvador Allende hace más de cuatro décadas, y que se ha repetido en Argentina, y replicado en Venezuela contra Nicolás Maduro.
Desde el jueves se ha convertido en la forma predilecta y espontánea para reclamar al ejecutivo conservador de Colombia, donde no ocurrían cacerolazos masivos desde mediados de 1990, durante la presidencia de Ernesto Samper, cuestionada por el ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña que lo llevó al poder.
También, por constituir una medida extraordinaria, han sido inusuales los toques de queda en Bogotá. El viernes se decretó el primero desde 1977, cuando un gran paro nacional contra el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen derivó en violentos disturbios que dejaron una decena de muertos y miles de heridos. El alcalde Enrique Peñalosa decretó el viernes la medida, levantada la madrugada del sábado, ante una ola de violencia que dejó casi 300 detenidos y daños millonarios.
B de baraja
Los participantes y las razones de la marcha son tan variados como una baraja de naipes. Las centrales obreras la convocaron desde octubre en reclamo de iniciativas oficiales para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de pensiones, que el gobierno niega.
Desde entonces se sumaron universitarios que exigen más recursos para la educación pública, que aqueja falta de financiamiento, y el cumplimiento de acuerdos pactados con Duque el año pasado.
También los indígenas, que piden protección tras el asesinato de 126 aborígenes desde que Duque llegó al poder en agosto de 2018, según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La mayoría han muerto en zonas con narcocultivos, que son disputadas por grupos armados tras el desarme de la exguerrilla FARC.
A ellos se han sumado los partidos de oposición, incluido el de las FARC, que condenan el asesinato de 170 combatientes que firmaron la paz, así como ambientalistas y artistas.
Todos le cuestionan al presidente su política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales (482 desde enero de 2016 al 30 de mayo, según el ómbudsman) y el intento de modificar el pacto de paz de 2016 que desarmó a las FARC.
“Claramente hay un mensaje de descontento muy grande en el país”, opinó el analista Yann Basset, de la Universidad del Rosario.
Las centrales obreras se deslindaron de las manifestaciones que siguieron al 21N, que en las calles son lideradas de forma espontánea por jóvenes, la población más aquejada por desempleo en un país con índices de desocupación por encima del promedio regional, según la entidad oficial de estadísticas.
C de conversaciones
Presionado por las protestas, Duque anunció el viernes una “conversación nacional” para debatir “reformas” a su política social.
Sin mayorías en el Congreso y con una opinión desfavorable del 69%, el mandatario aseguró que hablaría con “todos los sectores políticos y sociales”, sin mencionar abiertamente a los promotores de las marchas.
“Es a veces ingenuo pensar o pedirle al gobierno un viraje en sus políticas; claramente tiene un mandato que se gana en las elecciones”, explicó el analista Juan David Cárdenas, de la Universidad de La Sabana.
En la víspera el presidente adelantó para este domingo el inicio de las conversaciones, anunciadas para el miércoles. Por la tarde se reunirá con los alcaldes y gobernadores electos que asumirán en enero.
El lunes liderará un encuentro con la Comisión Nacional de Concertación Laboral, que reúne a representantes del gobierno, de los patrones y de los empleados. “En el transcurso de la semana continuaremos diálogos con diferentes sectores sociales”, señaló.
