La jueza cursó euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.
Además, rechazó la petición formulada por Puigdemont y los exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.
La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, acusados de los mismos delitos, una decisión que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la Justicia.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito “independiente y autónomo”.
La orden llega en momentos en que Puigdemont se declaró “dispuesto a ser candidato” a las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña incluso si debe hacer campaña desde el extranjero, en una entrevista a la televisión belga.
Qué viene ahora
La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroórden sustituye entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a su ordenamiento una directiva europea de 2002.
El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación de fondos públicos.
En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente regional catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.
Según el ordenamiento jurídico belga, los exaltos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.
Si los reclamados aceptasen su entrega a España, esta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo (tribunal de instrucción) de Bruselas, que dispondría de un plazo de 15 días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, esta debe realizarse en los 10 días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención.
